Caracas.- Joe Biden llega a la Casa Blanca hoy. Y así se inaugurará un nuevo periodo de relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Es una relación que inició de manera tensa y que aún tiene una herida abierta: el caso del general Salvador Cienfuegos, reseña un artículo de opinión de The New York Times.

En las últimas semanas del gobierno de Donald Trump, el secretario de la Defensa de México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue arrestado en Los Ángeles. La acusación que permitió su captura fue que “conspiró para elaborar, importar y distribuir narcóticos” en ese país, así como para “lavar dinero”. Después de intensas gestiones del gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, la justicia estadounidense cedió a las recomendaciones y el general fue devuelto a México, con la promesa de que en el país se iba a hacer una investigación minuciosa. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, advirtió entonces que traer de vuelta al exsecretario y no hacer nada sería “casi suicida”. Pero apenas unas semanas después, la Fiscalía General de México (FGR), un órgano autónomo que se encarga de investigar y perseguir crímenes federales, determinó que no existían elementos para presentar cargos contra Cienfuegos.

¿Quién dice la verdad? Es difícil saberlo: el Departamento de Justicia estadounidense ya dijo que podría abrir de nuevo el caso del general y López Obrador afirmó que los investigadores de Estados Unidos habían “fabricado” el caso. Detrás de este incómodo ir y venir, hay una verdad de fondo muy preocupante más allá de la diplomacia: en este caso, como en muchos de la llamada guerra contra las drogas, falta justicia y sobra política.

Tanto en México como en Estados Unidos, el caso de Cienfuegos expuso que se está haciendo un uso político de la justicia.