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Human Rights Watch denuncia injerencia de expresidente Correa en justicia ecuatoriana

La organización afirmó que revisó documentación, informes de prensa y reportes de varias organizaciones de derechos humanos que sugieren "de manera contundente la existencia de un patrón de acciones gubernamentales orientadas a presionar o coaccionar al Poder Judicial en su manejo de casos importantes durante el gobierno de Correa

  • AP

20/04/2018 11:46 am

Quito.- El expresidente Rafael Correa tuvo injerencia en la justicia ecuatoriana especialmente en los casos con implicaciones políticas, denunció el viernes Human Rights Watch. 

La organización con sede en Nueva York afirmó que revisó documentación, informes de prensa y reportes de varias organizaciones de derechos humanos que sugieren "de manera contundente la existencia de un patrón de acciones gubernamentales orientadas a presionar o coaccionar al Poder Judicial en su manejo de casos importantes durante el gobierno de Correa (2007-2017)", indicó AP.

En un comunicado Human Rights Watch afirmó que varios funcionarios judiciales denunciaron que recibieron reiterados llamados del Consejo de la Judicatura u otras oficinas del gobierno advirtiéndoles que "si quería mantenerse en el cargo, tenía que ser obediente". Quienes no accedían a las instrucciones del gobierno sufrían represalias, que en varios casos llegaron a la destitución.  

El Consejo de la Judicatura es el organismo rector de la justicia ecuatoriana, dirigido en los últimos años por un cercano colaborador de Correa, Gustavo Jalkh, quien fue su ministro de Justicia y ministro del Interior.  

Entre las irregularidades halladas Human Rights Watch mencionó que ese Consejo destituyó jueces aplicando una disposición imprecisa del Código Orgánico de la Función Judicial. Entre 2013 y 2017 un total de 145 magistrados fueron sancionados por este motivo.  

La organización tampoco encontró evidencias de esfuerzos genuinos por parte de la Fiscalía General para investigar los señalamientos de coerción e intromisión política sobre el Poder Judicial.  

El Consejo de Participación Ciudadano Transitorio -el organismo que escoge y nombra a las autoridades del Consejo de la Judicatura- analiza la gestión del cuestionado Consejo y dispuso la suspensión de todos los concursos para designar nuevos funcionarios de justicia, tras recibir decenas de denuncias de presuntas irregularidades.  

Durante del gobierno de Correa fueron enjuiciados, entre otros, decenas de dirigentes indígenas, de organizaciones sociales, sindicales, defensores de derechos humanos y periodistas, a los cuales la justicia solía procesar especialmente por sabotaje y terrorismo.  +

Llamado a investigar presiones a jueces

Asimismo, la organización llamó a Ecuador a investigar de forma "exhaustiva e imparcial" las acusaciones "creíbles" de que el Gobierno de Correa presionó al sistema judicial. 

"Las autoridades ecuatorianas deberían llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre denuncias creíbles de injerencia política en el poder judicial", señaló HRW en un comunicado, citó Efe.

Miembros de la organización humanitaria se desplazaron a Ecuador en 2017, meses después de que el actual presidente, Lenín Moreno, asumiera la Presidencia, como parte del proceso de seguimiento de un informe sobre la independencia judicial en el país andino elaborado por HRW en 2014, 

Durante dicha visita, en la que los investigadores de HRW entrevistaron a autoridades del Consejo de la Judicatura, jueces y exmagistrados, funcionarios, abogados, académicos y organizaciones no gubernamentales, HRW documentó hasta doce casos de posibles presiones por parte del gobierno de Correa. 

La legislación ecuatoriana permite al Consejo de la Judicatura actuar contra funcionarios de la rama judicial por cometer "dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable". 

De acuerdo con HRW, esta normativa "expone a los jueces a presiones políticas y vulnera la independencia judicial". 

"El Presidente Lenín Moreno ha insistido en su respeto por la independencia judicial, pero para que se corrijan las prácticas abusivas del pasado, debería reestructurar la maquinaria que permitió la injerencia política en la justicia", concluyó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

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