Santiago de Chile.- El gobierno chileno lamentó este viernes el "elevado número" de denuncias de abusos policiales que recibió la oficina de la Alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, pero advirtió que se generaron en un "contexto" de violencia que envolvió a intensas protestas sociales.

"Queremos lamentar profundamente las denuncias recibidas por el equipo de la Alta Comisionada... cada una de ellas está siendo investigada y será sancionada", dijo la subsecretaria de derechos humanos, Lorena Recabarren, en un mensaje en la casa de gobierno, informó AFP.

Recabarren fue la encargada de entregar la respuesta oficial del gobierno chileno al reporte de la oficina de Bachelet, entregado este viernes en Ginebra, en el que se denunció un "elevado número de violaciones de derechos humanos" por la represión policial a las protestas en Chile.

"Estas violaciones incluyen el uso excesivo e innecesario de la fuerza que ocasionó muertes ilícitas y heridas, tortura y malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias", señala el documento de 30 páginas que resume el trabajo del equipo que viajó a Chile para investigar la situación durante tres semanas de noviembre pasado.

Pero si bien el gobierno lamentó las denuncias, Recabarren dijo que era necesario "aclarar y precisar" afirmaciones y conclusiones que no están adecuadamente representadas en el informe, que contienen información errada o desactualizada.

También, reclamó sobre la necesidad de contemplar el "contexto" de violencia que se vivió en Chile tras el inicio del estallido social.

"A partir del 18 de octubre, Chile vivió una situación imprevista e inédita de violencia, que se desarrolló en parelo con expresiones ciudadanas pacíficas y legítimas en relacion con demandas por una mayor justicia social", dijo Recabarren.

"Fue esa situación de violencia y no las manifestaciones pacíficas -como se ha pretendido hacer ver por algunos- la razón por la cual se decidió decretar el estado de excepción constitucional ese viernes" y que rigió por nueve días, agregó la subsecretaria.

"Aquella decisión, no fue tomada en el vacío y sin contexto", añadió.

Las protestas sociales en Chile se saldan con una veintena de muertos y miles de heridos, entre ellos cerca de 300 con heridas oculares tras recibir perdigones o casquetes de bombas lacrimógenas disparados por la policía antidisturbios para disuadir a grupos de encapuchados violentos.