Por: Jesús Silva Fernández, embajador de España en Venezuela
Durante los últimos días Cataluña ha recibido una gran atención mediática. Este artículo tiene como objeto explicar con claridad qué está sucediendo.
Cataluña es una de las regiones con más autonomía de toda Europa. Posee instituciones propias de autogobierno y una lengua oficial, el catalán. Desde la aprobación de la Constitución se ha votado en al menos 48 ocasiones y es una de las regiones más pobladas y ricas de España.
En septiembre de 2017 el Parlament de Cataluña tramitó las leyes de Referéndum y Transitoriedad Jurídica en contra de lo ordenado por el Tribunal Constitucional que estableció que el Parlament carecía de competencias y vulneraba la Constitución española y su Estatuto de Autonomía. A partir de estas leyes, se convocó un referéndum de autodeterminación ilegal para el 1 de octubre. Las autoridades catalanas fueron advertidas de que incumplirían la Constitución y las órdenes de los jueces si continuaban.
A pesar de ello, el 1 de octubre se intentó celebrar un “referéndum” ilegal sin garantías democráticas, y el 27 de octubre se proclamó unilateralmente una “república catalana” que no reconoció ningún Estado del mundo. El Gobierno español activó el artículo 155 de la Constitución con el apoyo de los principales partidos de la oposición, lo que supuso la intervención del gobierno regional y la restauración de la normalidad institucional en Cataluña.
Esta semana el Tribunal Supremo condenó a los políticos catalanes por los delitos de sedición, malversación y desobediencia, ya que movilizaron “a la ciudadanía en un alzamiento público y tumultuario” para impedir la aplicación de las decisiones judiciales y desviaron fondos para el referéndum ilegal. La condena se basa en los hechos descritos y no en las opiniones o ideologías de los condenados.
España es una de las 20 democracias plenas del mundo según varios índices internacionales. La división de poderes y la libertad de expresión están garantizadas. En Cataluña y en España se puede defender cualquier idea, incluida la idea de independizarse.
En España no hay presos políticos. Los políticos catalanes no han sido juzgados por sus ideas, sino por la comisión de delitos y han sido jueces independientes del Gobierno los que decretaron su prisión. La afirmación contraria es falsa.
Ninguna constitución democrática escrita del mundo reconoce el derecho a la autodeterminación de una parte de su territorio. Si una parte quisiera independizarse habría que modificar la Constitución y tendrían que decidirlo todos los españoles ya que una minoría no puede imponer sus decisiones, sería antidemocrático.
La sociedad catalana se encuentra dividida y las encuestas reflejan que la mayoría no es independentista. Frente a esta situación, como ha expresado el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, “El Gobierno garantizará los derechos de todos en Cataluña desde la firmeza, la moderación y la unidad”.
Por: Jesús Silva Fernández, embajador de España en Venezuela
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