Madrid.-
Un total de seis países de América Latina aún no cuenta con leyes o políticas que faciliten el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra y fomente la lucha contra la discriminación en el acceso a los recursos.
Tal política ocasiona pérdidas de 400.000 millones de dólares en los ingresos regionales, según se desprende de Índice de Instituciones Sociales y Género 2019 (SIGI) del Centro de Desarrollo de la OCDE, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA), informó DPA.
El informe, presentado este jueves, 13 de junio, en Madrid, revela que el nivel de discriminación en las leyes, costumbres y normas sociales de América Latina es del 25 por ciento (un 27 por ciento en El Caribe), mientras que en Europa, que se consagra como la región con mayor igualdad según el estudio, es del 17 por ciento, según han informado las organizaciones.
Así, el estudio evidencia que una de las "mayores preocupaciones" de la desigualdad de género en América Latina está en el ámbito familiar, al que las mujeres dedican más de cuatro horas al día entre las tareas domésticas y el cuidado de personas mayores e hijos, tres veces más tiempo que los hombres.
En este sentido, indica también que esta media es de 2,2 horas en España, así como que 88 países en el mundo prohíbe a las mujeres acceder a determinadas profesiones.
Asimismo, el estudio recoge que la mayoría de los países latinoamericanos tienen un nivel de discriminación en acceso a recursos bajo, que oscila entre el 0 y el 25 por ciento en Colombia, Perú, Brasil, Argentina o México.
Sin embargo, estos niveles son de entre el 25 y el 50 por ciento en las regiones de Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay y de más del 50 por ciento en Chile.
La jefa de la división de Redes, Alianzas e Igualdad de Género del Centro de Desarrollo de la OCDE, Bathylle Missika, ha apuntado que el SIGI tiene como objetivo fomentar que las mujeres y niñas "no se queden atrás".
Asimismo, ha apuntado que la "débil" implementación de las leyes y la existencia de "normas sociales discriminatorias" son los principales obstáculos para alcanzar la igualdad de género en América Latina y El Caribe en 2030.
"Discriminación indirecta" en el acceso financiero
Por otra parte, el nivel de discriminación respecto al acceso de las mujeres a servicios financieros es del 13 por ciento, según ha indicado la OCDE.
Sin embargo, a pesar de que no existe una legislación discriminatoria en este sentido, las condiciones exigidas a las mujeres son más altas que para los hombres, lo que se traduce en una "discriminación indirecta".
En este sentido, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan ha señalado que la eliminación de las barreras para el empoderamiento económico de las mujeres traerá consigo un crecimiento "más dinámico e inclusivo, equidad y menos pobreza".
A nivel global, el estudio revela que el 98 por ciento de los países en el mundo garantiza el acceso equitativo al crédito y reconocen que las mujeres tienen los mismos derechos para abrir una cuenta, mientras que el 60 por ciento de ellos promueven políticas con una dimensión de género para expandir el acceso a servicios financieros.
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