El juicio a los separatistas catalanes en cinco cuestiones clave
Tras cuatro meses de intensas audiencias del proceso contra 12 líderes independentistas, tuvieron consecuencias políticas de largo alcance más allá de la sala del tribunal
Madrid.- El proceso contra 12 líderes independentistas por su rol en la fracasada tentativa de secesión de Cataluña en 2017 deberia concluir este miércoles, después de cuatro meses de audiencias públicas.
Estos son los cinco puntos clave del proceso, citó AFP.
Los acusados
En el banquillo se han venido sentando nueve exministros regionales, entre ellos el principal acusado, el exvicepresidente Oriol Junqueras. Los otros tres acusados son la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, y Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente expresidente y presidente de las asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural.
Lo que se les imputa
La fiscalía los acusa de llevar a cabo "una estrategia...perfectamente planificada" con vistas a quebrar el orden constitucional y obtener la independencia de Cataluña por medios ilegales.
Una estrategia que culminó con la organización el 1 de octubre de 2017 del referendo de autodeterminación, pese a su prohibición por la justicia por inconstitucional, y a la declaración unilateral de independencia por una parte del Parlamento catalán el 27 de ese mes.
Polémica sobre la violencia
La Fiscalía calificó la intentona separatista de "golpe de Estado", y la considera constitutiva de un delito de rebelión. Dicho cargo pesa sobre 9 de los separatistas juzgados, que llevan más de un año en prisión preventiva.
El Código Penal considera reos de rebelión a "los que se alzaren violenta y públicamente" con, entre otros objetivos, "declarar la independencia de una parte del territorio nacional".
Pero la gran controversia es si hubo violencia o no.
La fiscalía cree que sí, y se apoya en los testimonios brindados por numerosos agentes del orden. Según explicaron, fueron hostigados y golpeados por los manifestantes cuando por orden judicial intentaron impedir la celebración del referendo ilegal de independencia.
La fiscalía califica también de violentos los incidentes del 20 de septiembre de 2017 en Barcelona, cuando miles de independentistas se manifestaron durante horas frente a un edificio del gobierno catalán que estaba siendo registrado, y destruyeron varios vehículos de la Guardia Civil.
Según el ministerio público, los acusados tienen su parte de responsabilidad en todo este clima "insurreccional", pues "fomentaban, propiciaban y buscaban el enfrentamiento directo entre multitudes de ciudadanos y las fuerzas de seguridad".
Los acusados niegan cualquier violencia y acusan de la misma a las fuerzas policiales, por golpear con porras, disparar balas de goma y propinar empujones a los manifestantes que protegieron los colegios electorales el día de la consulta.
El fiscal Javier Zaragoza resumió su posición diciendo que "la rebelión no necesita ni violencia grave ni violencia armada", aunque la cuestión divide a los juristas.
"La violencia está acreditada", asegura Enrique Gimbernat, profesor de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid. Los acusados "incitaron a la gente a votar", sabiendo que "el enfrentamiento era inevitable".
Para Argelia Queralt, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, la fiscalía hace una interpretación "un poco forzada" del Código Penal, en cambio.
"Hubo conductas en contra de la Constitución", y "hechos puntuales" de violencia durante el referéndum ilegal, pero "sigue faltando esa violencia clara" que justifique la rebelión, estima Queralt.
Una posición defendida durante el proceso por la Abogacía del Estado, que presentó el cargo de sedición, un delito contra el orden público que conlleva penas menores.
Malversación
Todos los exintegrantes del gobierno regional procesados, es decir 9 de los 12, están acusados también de malversación de fondos públicos.
Durante el juicio, los expertos del ministerio español de Hacienda avalaron esta acusación, y cifraron en al menos 917.000 euros los fondos públicos utilizados por el gobierno separatista catalán para entre otros financiar campañas publicitarias del referéndum ilegal.
Las penas solicitadas
Las penas solicitadas por la fiscalía van de un mínimo de siete años a un máximo de 25, en el caso de Junqueras, principal acusado dada la ausencia del ex presidente regional catalán Carles Puigdemont, quien huyó a Bélgica para evitar ser procesado.
La Abogacía del Estado reclama por su lado penas de hasta 12 años (en el caso de Junqueras), por sedición.
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