Huelga contra reforma fiscal suma ya dos semanas con improductivo diálogo en Costa Rica
Los gremios se han mantenido firmes en su postura de que para que se retire del Congreso la reforma fiscal y se redacte un nuevo texto "justo y solidario" basado en sus propuestas
San José.- La huelga sindical contra una reforma tributaria en Costa Rica llegó a su día 17 con manifestaciones en diversas partes del país y con una nueva reunión prevista entre Gobierno y gremios dentro de un proceso de diálogo que ha resultado improductivo.
Grupos de maestros y de los sindicatos del sector salud caminaron por el centro de San José hacia el Ministerio de Hacienda gritando consignas contra la reforma tributaria, al igual que lo han hecho grupos de trabajadores en otras zonas del país, indicó Efe.
El Ministerio de Seguridad ha informado que los manifestantes han cerrado vías en siete puntos de las provincias de Limón, Puntarenas, Guanacaste, Alajuela y en la localidad de Pérez Zeledón.
Por su parte, en la capital San José ha habido tránsito lento en el centro por una marcha de un grupo de trabajadores y también de taxistas que salieron a protestar contra la aplicación de transporte Uber.
Las marchas de manifestantes han sido recurrentes durante los 16 días de huelga y han transcurrido de forma pacífica.
El Gobierno informó que ha presentado a los sindicatos cuatro propuestas para conformar una mesa de negociación multisectorial, pero sin ceder en la pretensión de que se deponga la huelga y de que la reforma fiscal continúe su trámite en el Congreso.
La propuesta gubernamental pretende que se analice un documento con 39 iniciativas fiscales presentado por los gremios y que de allí salgan iniciativas complementarias pero no sustitutivas a la reforma tributaria.
Los gremios se han mantenido firmes en su postura de que para establecer la mesa multisectorial es necesario que se retire del Congreso la reforma fiscal y se redacte un nuevo texto "justo y solidario" basado en sus propuestas.
El documento sindical no incluyen recortes de gastos estatales ni la creación del impuesto al valor agregado, pero sí incrementos de impuestos a sectores privados.
La reforma fiscal, llamada proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tiene como iniciativa estrella la conversión del impuesto de ventas del 13% en uno de valor agregado (IVA) que gravará más productos y servicios y que según el Gobierno permitirá combatir la evasión.
Los sindicatos insisten en el IVA afectará más a las clases medias y bajas y que la reducción de pluses salariales que la reforma contiene es un golpe para los trabajadores públicos que, consideran, no son responsables del déficit fiscal proyectado al 7,1 % del PIB en 2018.
Los datos del Gobierno indican que el 82 % del dinero que pretende recaudar con la reforma provendrán del 30 % de la población con mayores ingresos, y solo el 4,8 % se recargará al 30 % de la población más pobre.
La reforma incluye además aumentos de entre cinco y diez puntos porcentuales en el impuesto sobre la renta para las personas con mayores ingresos, se mantienen exonerados a los de menores ingresos e invariables a los de ingresos medios.
También contiene temas como la renta global y aumentos en la renta de capital, entre otros.
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