Estados Unidos y la Corte Penal Internacional: del acercamiento a la ruptura total
La investigación de la CPI sobre la guerra de Afganistán ha provocado que Estados Unidos recupere el tono duro que usó contra el tribunal en anteriores gobiernos de la Casa Blanca
La Haya.- La probable investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la guerra de Afganistán ha provocado que Estados Unidos recupere el tono duro que usó contra el tribunal en sus primeros años, dejando de lado el acercamiento que hubo bajo el Gobierno de Barack Obama.
"No cooperaremos (...). Dejaremos que la CPI se muera sola. Al fin y al cabo, en la práctica, la CPI ya está muerta para nosotros", dijo esta semana John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, indicó Efe.
Su discurso supone, en las relaciones entre Washington y La Haya, una vuelta a la era de George W. Bush como presidente de Estados Unidos, cuando su Gobierno decidió en 2002 retirar su firma del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal.
En agosto del mismo año, Bush sacó adelante la Ley de Protección de Miembros en Servicio, apodada por algunas ONG como la "Ley de invasión de La Haya" porque planteaba el uso de la fuerza en caso de que un estadounidense terminase en la ciudad holandesa bajo custodia de la CPI.
El Estatuto de Roma establece que, si se emite una orden de arresto y el sospechoso se encuentra en uno de los 123 Estados parte del tribunal, sus autoridades tienen la obligación de detenerlo y transferirlo a La Haya.
Sin embargo, Bush firmó acuerdos bilaterales de inmunidad con decenas de países para que se comprometieran a no acatar las eventuales órdenes de arresto si afectaban a estadounidenses.
"Tenían miedo de que la corte investigara y procesara a ciudadanos estadounidenses que estaban en países bajo jurisdicción del tribunal", explicó el jefe del Centro por la Justicia Internacional de Amnistía Internacional, Matt Cannock.
El rechazo inicial de Estados Unidos a la CPI cambió "bajo la administración de Obama", valoró Cannock, pues a partir de 2008 Washington dejó de buscar aliados con los que firmar nuevos acuerdos bilaterales de inmunidad.
Asimismo, Obama "expandió" un programa del Departamento de Estado, basado en ofrecer retribuciones a cambio de información sobre fugados de la justicia internacional, "para que se aplicase también a los huidos de la CPI", indicó Cannock.
Otro paso fue fortalecer la Oficina de Justicia Penal Global, dependiente del Departamento de Estado y cuya supervivencia fue amenazada por la administración de Trump el año pasado, aunque finalmente no fue cerrada.
Esta oficina ayudó, por ejemplo, al establecimiento del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) y para Ruanda (TPIR), y "presionó para una mayor colaboración con la CPI", apuntó Cannock.
En cualquier caso, "Estados Unidos nunca ha sido fan de la CPI y en ningún momento ha hecho un movimiento significativo para unirse al Estatuto de Roma. No tienen ningún problema con el tribunal siempre y cuando no afecte sus intereses", añadió.
Una Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI está deliberando autorizar una investigación sobre la guerra de Afganistán, que incluiría supuestos crímenes cometidos por tropas estadounidenses.
Asimismo, la Fiscalía tiene abierto un examen preliminar en Palestina por crímenes cometidos supuestamente por soldados israelíes.
En su discurso, Bolton amenazó con prohibir la entrada de los jueces y fiscales de la CPI en territorio norteamericano, procesarlos por el sistema penal estadounidense y sancionar los fondos del tribunal en el sistema financiero de EEUU.
El asesor de Trump avisó de que tomaría nota "si algún país coopera con las investigaciones de la CPI" sobre Estados Unidos o Israel a la hora de "determinar asistencia económica, militar y de inteligencia" en el extranjero.
Está por ver si habrá consecuencias legales respecto a esa declaración, ya que casi todos los aliados de Estados Unidos en la OTAN han ratificado el Estatuto de Roma y aceptan la jurisdicción de la CPI.
En cualquier caso, la alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, respondió esta semana que la UE "continuará apoyando de forma firme y completa a la CPI y su trabajo".
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