Naipyidó.- La líder de facto de Myanmar, Aung San Suu Kyi, defendió este jueves la condena a siete años de cárcel impuesta a dos periodistas de la agencia Reuters, acusados de espionaje mientras investigaban una matanza de musulmanes rohinyas.
"Si alguien cree que ha habido un error judicial me gustaría que me lo señalara", dijo Suu Kyi durante el Foro Económico Mundial para el Sudeste Asiático que concluye este jueves en Hanoi, indicó Efe.
La sentencia "no tiene nada que ver con la libertad de expresión sino con la Ley de Secretos Oficiales", añadió la Nobel de la Paz y Premio Sájarov, que retó a los críticos a leérsela.
"No se les condenó por ser periodistas sino porque la corte decidió que violaron la Ley de Secretos Oficiales", concluyó.
Suu Kyi instó a respetar el funcionamiento del Estado de Derecho y recordó que los dos periodistas tiene derecho a apelar la sentencia.
"Este es un intento vergonzoso de Aung San Suu Kyi de tratar de defender lo indefendible. Decir que este caso 'no tuvo nada que ver con la libertad de expresión' y que Wa Lone y Kyaw Soe Oo 'no fueron encarcelados por ser periodistas' es una tergiversación engañosa de los hechos", dijo Minar Pimple, de Amnistía Internacional, en un comunicado.
Pimple señaló que "el caso, del principio al fin, no ha sido más que un ataque descarado a la libertad de expresión y el periodismo independiente en Myanmar".
Los reporteros Wa Lone y Kyaw Soe Oo fueron detenidos la noche del 12 de diciembre de 2017 en posesión de documentos confidenciales que, según estos, les acababan de entregar dos policías con los que se habían reunido.
Los reporteros, condenados a principios de este mes, investigaban una masacre de miembros de la minoría musulmana rohinyá en la aldea de Inn Dinn, en el estado de Rakáin, situado en el oeste de Myanmar.
Las autoridades les acusaron de haber obtenido documentos secretos sobre la operación militar en Rakáin, que el Ejército lanzó tras la serie de ataques de un grupo insurgente rohinyá a puestos fronterizos perpetrados el 25 de agosto de 2017.
Cerca de 725.000 rohinyás huyeron a Bangladesh a raíz de esta ofensiva militar en la que investigadores de la ONU encontraron elementos de "genocidio intencionado", "crímenes contra la humanidad" y "crímenes de guerra".
Durante su intervención en el Foro, a preguntas del presentador, Suu Kyi admitió que su Gobierno podría haber gestionado mejor la crisis en Rakáin.
"Por supuesto que hay cosas en las que, a posteriori, la situación podría haberse manejado mejor", dijo Suu Kyi.
"Pero creemos que para garantizar la seguridad y la estabilidad a largo plazo debemos ser justos con todas las partes, y el Estado de Derecho debe aplicarse a todos. No podemos elegir quién debería ser protegido por el Estado de Derecho", añadió.
Myanmar no reconoce la ciudadanía a los rohinyas, a los que considera inmigrantes de Bangladesh, y les somete a una discriminación creciente, incluidas restricciones a la libertad de movimientos.
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