Todo comenzó después de que el presidente estadounidense invocara el sábado la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, únicamente empleada hasta ahora en periodos de conflicto, sosteniendo que EE. UU. estaba presenciando una "invasión" de la banda delictiva venezolana Tren de Aragua, pese a no proporcionar evidencias.

El viernes, Trump la firmó en secreto y se reveló el sábado a las 16.20 hora local (20.20 GMT). A medida que Boasberg analizaba su legalidad en una audiencia, dos vuelos desde Texas volaron hacia El Salvador, de acuerdo con un estudio de The Washington Post.

De acuerdo con ese análisis, ese mismo día, a las 19.36 hora local (23.36 GMT), un tercer vuelo dejó Texas, apenas diez minutos después de que Boasberg, verbalmente y por escrito, solicitara que los aviones volvieran a los Estados Unidos hasta que se solucionara el conflicto.

El juez pidió concretamente suspender por 14 días una operación de expulsión a El Salvador de más de 200 migrantes a quienes el Gobierno estadounidense acusa de pertenecer al Tren de Aragua y la pandilla M-13, ambos declarados recientemente organizaciones "terroristas" globales por el Departamento de Estado.

El Gobierno de Trump alega que los expulsados ya habían partido de Estados Unidos cuando el juez emitió la orden que lo prohibía y que el magistrado carece de jurisdicción una vez que los aviones han salido del espacio aéreo estadounidense.

Estos argumentos no convencieron al juez Boasberg, quien pidió al Gobierno una respuesta este martes. Como no la obtuvo, alargó el plazo hasta hoy miércoles 19 de marzo de 2025 para que contesten a sus preguntas.

No es la primera vez que Donald Trump ataca al poder judicial por llevarle la contraria, pero ahora da un paso más pidiendo directamente la destitución de un juez.