Managua.- La Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia, que ha apoyado las protestas sociales en Nicaragua, envió este viernes una carta pública al presidente Daniel Ortega instándolo a reanudar el diálogo, suspendido en julio, para resolver la grave crisis política que el sábado cumple cuatro meses.
La carta, que circula en las redes sociales y tiene como meta la recolección de 25.000 firmas de apoyo, urge al "cese de toda forma de violencia" y pide la reinstalación de la mesa de diálogo con mediación de la Conferencia Episcopal y garantes internacionales, informó DPA.
Los firmantes piden que en el diálogo se acuerde el anticipo de elecciones generales, previstas para 2021, y se busquen coincidencias que lleven "a dar los pasos necesarios para detener un mayor derramamiento de sangre e impedir que la república colapse".
Entre los puntos a abordar en el diálogo, la Alianza Cívica plantea dar"pasos coordinados" para propiciar "el cese de la confrontación y reestablecer la seguridad ciudadana en todo el ámbito nacional".
También demanda "la liberación de todos los prisioneros políticos e información detallada sobre la lista de personas que actualmente figuran como desaparecidas".
"El cese a la represión en sus diversas formas, criminalización de las protestas, toma de tierras, intimidación a los miembros dialogantes y defensores de los derechos humanos", es otro de los temas propuestos.
Asimismo,"que el Gobierno proceda a desarmar y disolver todos los grupos parapoliciales y otros civiles armados, bajo supervisión de la OEA y Naciones Unidas", añade la carta a Ortega.
"Estos cinco puntos sentarán el clima de entendimiento necesario para tranquilizar la vida ciudadana y permitir que la sociedad nicaragüense se desenvuelva en un clima de paz y tranquilidad", destacó la Alianza Cívica.
Mientras tanto, líderes de la coalición opositora formada por estudiantes, empresarios y sociedad civil convocaron a una nueva marcha para el sábado en Managua, bajo el lema "Aquí nada está normal".
El Gobierno también ha convocado a sus simpatizantes a marchar mañana en la capital. La vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, ha dicho que el país va "avanzando hacia la normalidad" y en busca de la recuperación económica.
La crisis se inició el 18 de abril con una protesta estudiantil y se agravó tras la violenta acción de policías y paramilitares, que ha dejado hasta el viernes 450 muertos, 2.800 heridos y unos 400 detenidos según ONGs de derechos humanos.
El Gobierno registra 198 muertes.
El diálogo se instaló el 16 de mayo pero quedó paralizado indefinidamente el 9 de julio, cuando Ortega rehusó adelantar los comicios y abandonar el poder.
El Gobierno acusó a la Alianza Cívica de pretender un "golpe de Estado"e involucró a los obispos mediadores como parte de un "plan terrorista" en su contra.
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