España vuelve a ofrecer asistencia sanitaria total a inmigrantes irregulares
El nuevo decreto devuelve la situación de la cobertura de inmigrantes irregulares a antes del año 2012, cuando el Gobierno del conservador Mariano Rajoy suprimió la asistencia universal
Madrid.- El nuevo Gobierno español del socialista Pedro Sánchez aprobó hoy que los inmigrantes en situación irregular vuelvan a tener acceso universal al Sistema Nacional de Salud del país, seis años después de que se eliminara esa posibilidad.
La medida se incluye en un Real Decreto Ley aprobado durante la reunión del Consejo de Ministros del Ejecutivo y había sido anunciada ya a fines de junio por la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón.
"España disfruta de una sanidad pública y de calidad de la que nos sentimos muy orgullosos, indicó DPA.
Hoy se fortalece recuperando el carácter de universalidad", celebró la ministra, que recordó que la salud "es un derecho básico de toda persona".
La recuperación de la "asistencia sanitaria universal" representa así "un cambio en la atención sanitaria en España, que se basa en la condición de ciudadanía y se desliga de la condición de asegurado", añadió la ministra.
El nuevo decreto devuelve la situación de la cobertura de inmigrantes irregulares a antes del año 2012, cuando el Gobierno del conservador Mariano Rajoy suprimió la asistencia universal entre otros ajustes para superar la grave crisis financiera que sufría el país.
Los inmigrantes irregulares dejaron de tener entonces acceso a las consultas de atención primaria en el sistema de salud público (el médico de familia al que se acude en primera instancia) y solo recibían asistencia en Urgencias o si eran niños o embarazadas.
Cuando Sánchez llegó al Gobierno el 1 de junio mediante una moción de censura contra Rajoy, prometió avanzar en la recuperación de diversos derechos perdidos por esos ajustes durante la crisis, incluyendo el de la sanidad universal.
La ministra Montón aseguró que el acceso universal al sistema de salud español "no supone un sobrecosto".
"Al contrario, favorece la sostenibilidad del sistema", argumentó, "porque permite un mejor control de la enfermedad, evita que se agrave y que la persona tenga que ser internada".
Según la ministra, "la exclusión sanitaria que puso en marcha el anterior Gobierno ha producido un empeoramiento de la salud de las personas que quedaron al margen del sistema".
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