La decisión de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) al respecto se podría conocer el mismo día, aunque también podría demorarse todavía algún tiempo, detalló DPA.

Estas son algunas claves de este caso:

LA INVESTIGACIÓN:  En la investigación se determinó que los raptores actuaron en complicidad con agentes ecuatorianos de la Secretaría de Inteligencia (Senain), organismo presidencial ecuatoriano, y que sus operaciones habían sido autorizadas y financiadas desde la Presidencia de Ecuador, que ejercía entonces Rafael Correa. A principios de julio, la jueza nacional Daniella Camacho ordenó la prisión preventiva de Correa, quien actualmente reside en Bruselas, como medida cautelar por incumplir la disposición de presentarse ante la sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) -el máximo organismo judicial del Ecuador- debido a su involucramiento en el proceso que investiga el secuestro del opositor Balda. Este miércoles se cierra la instrucción fiscal del caso y se determina si Correa será procesado o no.

EL SECUESTRO: En agosto de 2012, Fernando Balda, quien vivía en Colombia desde mediados de 2010 después de que el Estado ecuatoriano lo demandara por injurias, fue retenido en Bogotá por desconocidos durante varias horas, lapso en el que fue golpeado, amenazado de muerte y luego arrojado a la vía pública. Un taxista de la capital colombiana que fue testigo del hecho alertó a la Policía, lo que permitió la captura de los secuestradores -tres hombres y una mujer, todos colombianos-, quienes fueron detenidos. La Fiscalía de Colombia abrió un juicio contra los plagiarios, a quienes sentenció. En el proceso señalaron que cumplían una misión en coordinación con agentes ecuatorianos de la Senain, organismo adscrito y bajo mando de la presidencia de la República de Ecuador. En octubre de 2012, dos meses después de su secuestro en Bogotá, el exdiputado fue deportado a solicitud del Gobierno de Ecuador.

LA DENUNCIA:  Balda hizo la denuncia del secuestro un año después en la Fiscalía de Ecuador, pero el proceso no prosperó ya que el fiscal general de entonces, Galo Chriboga, afín a Correa, ordenó no dar trámite a las diligencias. Con la llegada de Lenín Moreno a la presidencia en mayo de 2017 y la designación de Carlos Baca como nuevo fiscal general, el caso del secuestro de Balda fue reabierto en enero de 2018. La Fiscalía maneja la teoría de que los colombianos fueron autores materiales de un delito que fue planificado por agentes de inteligencia de Ecuador, actuando bajo órdenes de la cadena de mando, que llegaba a la Presidencia.

LA VINCULACIÓN DE CORREA:  A fines de abril de este año, la Asamblea de Ecuador votó la destitución y censura del fiscal general Baca tras un juicio político por incumplimiento de funciones tras haber difundido un audio de una conversación del ex presidente de la Asamblea José Serrano y el ex contralor Carlos Pólit en el que supuestamente hablaban de sacarlo del cargo. El 4 de mayo asume como fiscal Paúl Pérez, quien da mayor impulso al caso y lo amplía a secuestro y asociación ilícita. Entre las personas que llama Pérez a dar testimonio hay dos agentes de la Senain que declararon que Correa autorizó los pagos para que Balda fuera llevado a Ecuador por cualquier medio.

LA PRISIÓN PREVENTIVA PARA EL EXPRESIDENTE:  Debido a su presunta vinculación a los delitos, Correa debía presentarse cada 15 días a partir del 2 de julio en una sala penal de la CNJ. La medida cautelar no fue acatada por el ex presidente, quien optó por acudir el 2 de julio al consulado de Ecuador en Bélgica. El tribunal entendió la actitud de Correa como desacato y ordenó su prisión preventiva, pidiendo a la Interpol que lo detenga y lo extradite a Ecuador.

EL POSIBLE DESENLACE:  Si la Interpol acepta el pedido de la Corte ecuatoriana, Correa puede ser detenido y devuelto a Ecuador, en donde cumplirá prisión en la cárcel cuatro de Quito, un presidio con ciertas comodidades para los detenidos. En esa misma cárcel está detenido Jorge Glas, vicepresidente de Correa (2013-2017) y quien fue sentenciado a seis años de prisión acusado de haber recibido en asociación ilícita sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht a cambio de favorecerse de contratos de obras públicas en Ecuador.