Caracas.- El documento, que fue encontrado en el armario del exministro durante una búsqueda de la Policía Federal el 10 de enero, defiende la aplicación del artículo 136 de la Constitución brasileña. El decreto establece la institución del Estado de Defensa y la creación de una Comisión supervisada por el Gobierno de Jair Bolsonaro, que tiene entre sus funciones "verificar la conformidad y legalidad del proceso electoral".
La cláusula solo se activa cuando "el orden público o la paz social" se ven "amenazados por una grave e inminente inestabilidad institucional", aunque el medio señala que este documento fue redactado después de las elecciones, por lo que sería inconstitucional.
"Se decreta (…) el Estado de Defensa en la sede del Tribunal Superior Electoral en Brasilia, Distrito Federal, con el objetivo de garantizar la preservación o el pronto restablecimiento de la equidad y corrección del proceso electoral del año 2022, en cuanto a su conformidad y legalidad, los cuales, de no ser cumplidos o no ser observados, representan una grave amenaza al orden público y la paz social", se lee en el texto.
El propio exministro Anderson Torres explicó que el decreto de anulación de los resultados electorales que la Policía encontró en su casa "fue sacado de contexto". Torres explicó que los ministros reciben documentos y propuestas de todo tipo y que, según sus palabras, este borrador debería haber estado en el montón de documentos que se desecharon.
"Este documento se hizo cuando yo no estaba allí y se sacó de contexto, contribuyendo a alimentar falsas narrativas contra mí", escribió el exministro en una serie de mensajes en Twitter.
El 12 de enero, Lula afirmó que miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas fueron cómplices del golpe en el país.
"Quiero ver los videos grabados dentro de la Corte Suprema, dentro del Palacio. Hubo mucha gente connivente. Hubo muchos miembros de la Policía conniventes, muchos miembros de la Fuerzas Armadas aquí dentro conniventes", declaró a los periodistas.
El pasado 8 de enero, cientos de bolsonaristas que se niegan a aceptar la derrota de su líder en las últimas elecciones presidenciales invadieron las sedes del Congreso Nacional, la Presidencia y el Tribunal Supremo, reclamando una intervención militar para derrocar al Gobierno electo que asumió sus funciones el 1 de enero.
La multitud violentó las barricadas de seguridad, atacaron a los efectivos de seguridad, rompieron puertas y ventanas, y ocuparon parte del edificio y los techos del Palacio de Planalto. En la noche del 8 de enero, la policía consiguió retomar el control de los edificios.
Tras el ataque, Lula da Silva anunció la intervención del distrito federal hasta el 31 de enero, afirmando que lo ocurrido fue a causa de la "incompetencia y mala fe" de quienes tenían que velar por la seguridad de la jurisdicción. La intervención se limitará a aspectos vinculados a la seguridad.
La cláusula solo se activa cuando "el orden público o la paz social" se ven "amenazados por una grave e inminente inestabilidad institucional", aunque el medio señala que este documento fue redactado después de las elecciones, por lo que sería inconstitucional.
"Se decreta (…) el Estado de Defensa en la sede del Tribunal Superior Electoral en Brasilia, Distrito Federal, con el objetivo de garantizar la preservación o el pronto restablecimiento de la equidad y corrección del proceso electoral del año 2022, en cuanto a su conformidad y legalidad, los cuales, de no ser cumplidos o no ser observados, representan una grave amenaza al orden público y la paz social", se lee en el texto.
El propio exministro Anderson Torres explicó que el decreto de anulación de los resultados electorales que la Policía encontró en su casa "fue sacado de contexto". Torres explicó que los ministros reciben documentos y propuestas de todo tipo y que, según sus palabras, este borrador debería haber estado en el montón de documentos que se desecharon.
"Este documento se hizo cuando yo no estaba allí y se sacó de contexto, contribuyendo a alimentar falsas narrativas contra mí", escribió el exministro en una serie de mensajes en Twitter.
Después de dejar el Ministerio, Torres se convirtió en secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, cargo del que fue destituido tras las acciones antidemocráticas del 8 de enero.Havia em minha casa uma pilha de documentos para descarte, onde muito provavelmente o material descrito na reportagem foi encontrado. Tudo seria levado para ser triturado oportunamente no MJSP. O citado documento foi apanhado quando eu não estava lá…
— Anderson Torres (@andersongtorres) January 12, 2023
El 12 de enero, Lula afirmó que miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas fueron cómplices del golpe en el país.
"Quiero ver los videos grabados dentro de la Corte Suprema, dentro del Palacio. Hubo mucha gente connivente. Hubo muchos miembros de la Policía conniventes, muchos miembros de la Fuerzas Armadas aquí dentro conniventes", declaró a los periodistas.
El pasado 8 de enero, cientos de bolsonaristas que se niegan a aceptar la derrota de su líder en las últimas elecciones presidenciales invadieron las sedes del Congreso Nacional, la Presidencia y el Tribunal Supremo, reclamando una intervención militar para derrocar al Gobierno electo que asumió sus funciones el 1 de enero.
La multitud violentó las barricadas de seguridad, atacaron a los efectivos de seguridad, rompieron puertas y ventanas, y ocuparon parte del edificio y los techos del Palacio de Planalto. En la noche del 8 de enero, la policía consiguió retomar el control de los edificios.
Tras el ataque, Lula da Silva anunció la intervención del distrito federal hasta el 31 de enero, afirmando que lo ocurrido fue a causa de la "incompetencia y mala fe" de quienes tenían que velar por la seguridad de la jurisdicción. La intervención se limitará a aspectos vinculados a la seguridad.
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