Más de ocho millones de cubanos están llamados a votar este domingo un nuevo y avanzado Código de las Familias, que contempla aspectos como el matrimonio igualitario y el derecho de adopción por parejas del mismo sexo, durante décadas tabú en Cuba, en un polémico referéndum convocado por el Gobierno que sus detractores y partidarios han convertido casi en un plebiscito para expresarse a favor o en contra del actual sistema socialista cubano.

El nuevo paquete legislativo, que incluye la “gestación solidaria” (vientre subrogado), la protección de los derechos de la infancia, la “responsabilidad parental” en sustitución de la patria potestad y aborda aspectos como la violencia de género, supone un significativo paso adelante en un país que durante años castigó y marginó la homosexualidad, pero el debate se ha visto contaminado por consideraciones políticas que van más allá de los contenidos concretos de la nueva ley.

El referéndum es el tercero que se realiza en la isla desde 1959 –los dos anteriores fueron convocados para aprobar la Constitución de 1975 y la de 2019-, y el primero que se hace para refrendar una norma jurídica específica. El nuevo Código de las Familias reconoce derechos por los que llevan décadas luchando el colectivo LGTBIQ+ y, según destacados juristas, se trata de una ley moderna que se sitúa a la vanguardia de las más avanzadas en el mundo, pero la votación se realiza en un ambiente muy polarizado y enrarecido, marcado por la gravísima crisis económica que atraviesa el país y la desesperanza de la población, que ha derivado en un éxodo sin precedentes.

En las últimas semanas, incluso miembros de la minoría LGTBIQ+ y personas que históricamente han defendido la ampliación de derechos que concede el nuevo código, han expresado en las redes sociales que votarán en contra de la legislación como castigo y manifestación de rechazo al Gobierno, ya que hay pocas posibilidades de hacerlo.

Las autoridades, que han auspiciado la norma y promovido su debate público durante meses, han realizado una omnipresente y agresiva campaña por el sí en los medios de prensa oficiales, afirmando que se trata de una legislación garantista que “promueve el amor y los afectos”. En vísperas de la votación, el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, planteó que votar a favor era también “decir sí por la unidad, por la revolución, por el socialismo y sí por Cuba”, alentando todavía más esa sensación de que en el referéndum se decide más que la simple aprobación de una norma jurídica, y que es también una muestra de respaldo al Gobierno.

La televisión y la radio no han concedido espacios a los defensores del no para argumentar su postura, aunque la Iglesia católica y otras confesiones cristianas han expresado por diversas vías sus desacuerdos. También existe la percepción de que hay sectores ortodoxos, dentro o cerca de la oficialidad, que no entienden o ven con buenos ojos las libertades que ahora el Gobierno quiere conceder. En la calle, mientras, no son pocos los entrevistados que dicen abiertamente que se abstendrán o votarán no, pese a estar a favor de la ampliación de derechos de una minoría que durante décadas fue aplastada por su opción sexual y su identidad de género, y que por ello incluso fue obligada a cumplir penas de internamiento en campos de trabajo forzado en los años sesenta, la famosa UMAP, de infausto recuerdo.