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EEUU asegura que registro telefónico protege a ciudadanos

Obama propone revivir ley para proteger a los periodistas

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El presidente Barack Obama junto al fiscal general Eric Holder en un acto en el Capitolio en Washington AP
EL UNIVERSAL
jueves 16 de mayo de 2013  12:00 AM
Washington.- El Gobierno de Estados Unidos afirma que su intención era proteger la vida de sus ciudadanos cuando tomó la decisión de intervenir los registros telefónicos de periodistas de la agencia Associated Press (AP) en el marco de una investigación por una grave filtración de información.

El Gobierno de Barack Obama, acosado en varios frentes, enfrenta ahora una andanada de críticas por lo que se considera una violación a la libertad de prensa, expuso AFP.

El fiscal general Eric Holder defendió el martes el accionar del departamento de Justicia, que tomó secretamente dos meses de registros telefónicos de periodistas de AP.

Holder dijo que la decisión había sido parte de una investigación sobre una filtración de seguridad que había puesto en riesgo a la población.

Se cree que el accionar de la investigación está vinculada a un artículo sobre una conspiración terrorista frustrada.

La historia de AP revelaba detalles de una operación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Yemen que detuvo un complot de Al Qaida en 2012 para detonar una bomba en un avión con destino a EEUU.

Holder declinó a la investigación al ser interrogado por el Oficina Federal de Investigación (FBI) sobre revelaciones no autorizadas sobre el tema.

Un comunicado del departamento de Justicia indica que desde la recusación de Holder, la investigación "ha sido conducida por el FBI con la dirección del fiscal y la supervisión del fiscal general adjunto".

La Casa Blanca no sabía

El portavoz del presidente Barack Obama, Jay Carney, dijo que la Casa Blanca no estaba involucrada en la decisión y que el departamento de Justicia opera con independencia.

"Sería totalmente inapropiado para el Presidente involucrarse en una investigación penal que... al menos en lo que se ha informado, involucra filtraciones de información del Gobierno", dijo Carney.

Más de 50 organizaciones de medios critican el procedimiento y lo califican como una "operación desmedida". "Pone en duda la integridad del las políticas del departamento de Justicia hacia la prensa y su capacidad para equilibrar, por sí mismo, sus poderes policiales ante los derechos que otorga la Primera Enmienda a los medios", dice una carta firmada por importantes medios.

Obama busca revivir una ley de 2009 para proteger a los periodistas tras el escándalo.

Esa ley fue aprobada por consenso bipartidista en el Comité Judicial del Senado pero nunca llegó a ser votada en la Cámara Alta porque se estancó tras el escándalo de WikiLeaks.

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