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Gobierno y Clarín intensifican lucha por el control de medios

La Ley de Servicios Audiovisuales pone topes a las licencias de radio y TV

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Empleados organizan ejemplares de la prensa en una planta del Grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios de Argentina AP
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LEDA PIÑERO |  EL UNIVERSAL
domingo 9 de diciembre de 2012  12:00 AM
El enfrentamiento entre el gobierno argentino y el Grupo Clarín no dio tregua esta semana cuando se esperaba la llegada del 7D (7 de diciembre), fecha en la que vencía el plazo para que las empresas de medios se adecuaran a la Ley de Servicios Audiovisuales, según la versión del gobierno.

Uno de los puntos más polémicos de la normativa es que coloca limites a la cantidad de emisoras de radio y televisión que puede operar un mismo grupo de comunicación.

El texto legal establece que las empresas de comunicación solo pueden tener un máximo de 10 licencias de radiodifusión abiertas y 24 en el caso de señal por cable.

Asimismo, expresa que un solo dueño no puede tener un canal de televisión en señal abierta y otro por cable en una misma zona y fija un máximo de 35% de cobertura del mercado tanto para los medios privados de difusión nacional como para la TV por cable.

El Grupo Clarín es dueño del diario de mayor difusión en Argentina -el Clarín-; de canales de televisión abierta de amplia audiencia como TN (Todo Noticias) y el Canal 13, entre otros; sistemas de cable de gran cobertura como Cablevisión; así como numerosas emisoras de radio AM y FM.

Mientras el gobierno argumenta que la Ley "favorece la pluralidad de voces y la libertad de expresión, evitando los monopolios", críticos de la normativa aseguran que lo que realmente está detrás es el control de los contenidos.

"La presidenta ha dicho que 'se va a acabar la cadena del desánimo', lo que quiere decir que le preocupa el contenido de ese medio de comunicación (se refiere sobre todo al Grupo Clarín). La ley de servicios de comunicación audiovisual la han propuesto para cambiar los contenidos", aseveró Fernando Ruiz, profesor de Periodismo y Democracia de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral de Argentina.

Ruiz reconoció que "hay áreas donde existe concentración empresaria excesiva, sobre todo en la televisión por cable, pero por definición no es un área donde se puedan concentrar contenidos. De hecho, por la empresa de cable de Clarín salen los contenidos del gobierno", sostuvo.

Para Clarín, la pretendida pluralidad de voces no será tal porque la ley "otorga al gobierno el control de las licencias", y prueba de ello es "la colonización oficial del sistema de medios en los últimos tres años, donde prácticamente no quedaron radios y canales de TV fuera de su control", expresó recientemente el grupo en un comunicado.

"Los Estados deben regular para proteger la libertad de expresión, pero esas regulaciones no pueden ser usadas para atacar a los medios opositores... Los gobiernos tienen que entender que la libertad de expresión exige que haya medios opositores críticos, incluso exacerbádamente críticos. Eso es justamente la libertad de expresión", sentenció Ruiz.

Batalla judicial

Poco después de su aprobación por el Congreso, en octubre de 2009, varios grupos mediáticos argentinos, entre ellos Clarín, demandaron la inconstitucionalidad del artículo 161 de la ley, que obliga a las empresas de medios a vender todas las licencias de televisión y radio que excedan el tope establecido, en un plazo máximo de un año.

De acuerdo al gobierno, dicho plazo vencía el viernes 7 de diciembre (7D) de 2012.

En uno de los capítulos más álgidos del conflicto, el gobierno de Cristina Kirchner emitió, en septiembre pasado, un anuncio de cuatro minutos y medio a través de la televisión pública, en el que afirmaba que, en vísperas del 7D, la única empresa que aún no se había adecuado al texto legal era Clarín. Agregó que si la corporación no desinvierte en sus empresas, el Estado llamará a concurso público para adjudicar las licencias a nuevos titulares.

Voces críticas han alertado que lo que derivará de la aplicación de la norma es un nuevo multimedios, pero ahora en manos del gobierno. Preocupa el que se quiera beneficiar a los aliados del kirchnerismo.

De hecho, ya la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), le extendió por un año el plazo de desinversión a los grupos que no impugnaron la ley.

lpinero@eluniversal.com

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