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Gobierno argentino apela a la Corte Suprema por la ley de medios

La Corte Suprema de Justicia deberá resolver si es procedente el planteo realizado por el gobierno contra la prórroga dispuesta por la Cámara a la medida cautelar que mantiene paralizada la aplicación plena de la Ley de Medios.

EL UNIVERSAL
viernes 7 de diciembre de 2012  11:48 AM
Buenos Aires. - El gobierno argentino presentó hoy un recurso extraordinario para intentar llegar a la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revocar la extensión de la medida cautelar que favorece al Grupo Clarín, el más poderoso del país, en relación a la Ley de Medios.

El Ejecutivo encabezado por Cristina Fernández de Kirchner realizó dos presentaciones simultáneas, una realizada por la Jefatura de Gabinete de Ministros y la otra por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), informó DPA.

Mediante éstas, el gobierno pidió ante el Máximo Tribunal la suspensión inmediata de lo resuelto el jueves por la Cámara Civil y Comercial Federal, y la posterior declaración de nulidad de la prórroga de la cautelar que mantiene frenada la aplicación de la cláusula de desinversión de la Ley de Medios para el Grupo Clarín.

"Nos hemos presentado como AFSCA para pedirle a la Corte que se avoque al tema y declare la nulidad del fallo de la cámara. Hay una parte de la justicia que no está preparada para enfrentar a las corporaciones porque está colonizada por esas corporaciones", acusó el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, en declaraciones a Radio 10.

La Corte Suprema de Justicia deberá resolver si es procedente el planteo realizado por el gobierno contra la prórroga dispuesta por la Cámara a la medida cautelar que mantiene paralizada la aplicación plena de la Ley de Medios.

El gobierno hizo uso del recientemente promulgado recurso del "per saltum", lo que le permite evitar pasar por la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, en base a la modificación del artículo 257 del Código Procesal, que habilita esa instancia. Es decir, evita tribunales de segunda o tercera instancia, y apela directamente ante la Corte Suprema.

El jueves la Cámara en lo Civil y Comercial hizo lugar a un planteo del Grupo Clarín y extendió la vigencia de la medida cautelar, que suspende la aplicación de la llamada cláusula de desinversión para sus empresas, hasta que la Justicia de primera instancia dicte un fallo de fondo, algo que está en trámite desde hace tres años.

La ley de medios audiovisuales promulgada hace tres años e impulsada por el gobierno debía comenzar a regir en plenitud a partir de hoy, aunque el Grupo Clarín logró evitarlo por la cautelar a su favor.

La llegada del tan anunciado 7D generó mucha expectativa y polémica, ya que 20 grupos de medios debían adaptarse a la nueva ley y presentar planes voluntarios de adecuación antes de la medianoche del viernes.

El ministro de Justicia, Julio Alak, había advertido que si la Cámara Civil y Comercial Federal -cuyos jueces fueron todos recusados sin éxito por el gobierno- extendía la medida cautelar que frena la aplicación de la nueva ley de medios al Grupo Clarín, esto significaría "un alzamiento" y "generaría un conflicto de poderes".

La ley de medios establece la "regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación".

La norma fija como límite que cada titular no puede poseer más de diez licencias de radio y televisión abierta, y 24 licencias (una por localidad) para los operadores de televisión por cable, entre otras tantas restricciones.

Más de 330 medios deberían cambiar de dueño si todos cumplen los planes de la AFSCA, según un estudio publicado por el diario El Cronista. Sólo Clarín tendría que ceder, transferir o vender entre 150 y 200 empresas de su propiedad si pierde la batalla judicial.
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