Represión policial con Kalashnikov se convierte en un problema en Perú

Lima.-  Los peruanos tal vez nunca sepan quién disparó la bala que impactó en la cabeza del estudiante César Medina, de 16 años, durante una protesta contra una mina y lo mató casi al instante. Medina fue uno de los cinco civiles muertos a tiros la última semana en la región norteña de Cajamarca cuando la policía y el ejército dispararon contra manifestantes opuestos al proyecto aurífero de mayor envergadura en el país.

Tres recibieron tiros en la cabeza y dos en el tórax, dijo Reynaldo Núñez, director regional de Salud de Cajamarca. Los lugareños dicen que Medina y otra de las víctimas fatales, quien montaba una bicicleta, no participaban en la protesta. Las autoridades no han informado quién hizo los disparos fatales, mientras que varios periodistas locales aseguran que fueron las fuerzas de seguridad, agregó AP.

"La necropsia dice que la bala entró por la sien y salió por el ojo derecho'', afirma Maximila Aguilar, madre de Medina, quien recogió el cadáver de su hijo en la morgue, lo bañó en su casa y lo sepultó el viernes acompañada por más de 3.000 personas.

Aunque la policía usa algunos instrumentos no letales como gases lacrimógenos y proyectiles de caucho, su arma más frecuente para controlar manifestaciones son las municiones de guerra 7.62 mm que dispara con viejos fusiles Kalashnikov.

Activistas de derechos humanos acusan al gobierno de tener un desprecio sin precedentes por la vida en la región y dicen que el uso de la fuerza letal para reprimir a inconformes agravaría la resistencia a los planes mineros que han desencadenado protestas en el país.

El jefe policial, Raúl Salazar, dice que los agentes tienen como función "mantener el orden con el menor costo social posible''.

Medina fue muerto mientras la policía reprimía a manifestantes temerosos de que su abastecimiento de agua se contamine o disminuya por la extracción de más de 200 toneladas de oro de la mina Conga, de la empresa estadounidense Newmont.

Los manifestantes arrojaron piedras y cohetes pirotécnicos a la policía en Celendín, donde Medina murió, pero su madre dijo que su hijo no estaba en la protesta sino que fue asesinado cuando volvía a casa de un café con servicio de internet.

Desde 2006 las balas disparadas por la policía para sofocar manifestaciones han dejado 80 muertos y más de 800 heridos, según un conteo independiente realizado por la organización no gubernamental Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

"Estas cifras serían un escándalo en el exterior. No hablamos de una comparación con Europa sino con Bolivia, Ecuador, Chile; allá hay protestas pero no tantos muertos'', dijo Jorge Mansilla, investigador de la Defensoría del Pueblo.

En Bolivia, la policía ha causado la muerte de 28 manifestantes desde 2006, según la organización no gubernamental Asamblea Permanente de Derechos Humanos; y en Colombia los agentes han dado muerte a seis civiles durante protestas desde 2000.

La Defensoría del Pueblo de Perú tiene un registro de 245 conflictos sociales en el país, en su mayoría disputas sobre la minería en las que predomina el temor a la contaminación del agua. El sector minero representa el 61% de los ingresos por exportaciones y ha sido el motor de una década de crecimiento económico, pero también afecta demasiado las condiciones de vida de los agricultores en tierras altas.

En un informe en marzo, la Defensoría halló que el entrenamiento con armas no letales para el control de manifestaciones es inadecuado y que el armamento no letal es escaso, de acuerdo con jefes policiales de cuatro regiones entrevistados por el organismo.

Los autores del informe pidieron más datos, pero el Ministerio del Interior se los negó. El vocero del ministerio, Angel Castillo, dijo que las fuerzas de seguridad cuentan con balas de goma y bombas lacrimógenas en cantidad suficiente "para cubrir las necesidades''.

La corrupción ha incidido en la escasez de equipo no letal. En junio, el ministro del Interior, Wilver Callem canceló un contrato de cinco millones de dólares por escudos, cascos, máscaras antigás y otros instrumentos, cuando supo que el contratista no le entregaría productos hechos en Estados Unidos sino artículos fabricados en China.

Ataque controversial
La Defensoría y la CNDDHH no han encontrado evidencias de que la fiscalía investigue a policías por las muertes de manifestantes o que se hayan pagado indemnización a los lesionados por los agentes.

Luis Giacoma, un abogado experto en temas de seguridad, dice que Perú "no tiene normas que prohiban el uso de balas de guerra contra manifestantes y que obliguen el estricto uso de armas no letales durante manifestaciones''.

Actualmente en Perú los policías que "en el cumplimiento de su deber'' matan a manifestantes son inimputables según la ley, por lo que muchos agentes no pueden ser llevados ante la justicia en estos casos.

Pero la impunidad policial aumentaría si se aprueba un proyecto de ley promovido por el legislador Octavio Salazar, un ex jefe de la policía, que propone que los agentes puedan matar manifestantes sin ser enjuiciados en casos de "salvaguardar la libertad personal''.

Activistas por los derechos humanos creen que el concepto "salvaguardar la libertad personal'' en la práctica podría avalar la decisión de disparar contra quienes bloquean una carretera o ingresan a un local público como forma de protesta.

Amnistía Internacional, la Cruz Roja Internacional y la Defensoría cuestionaron el proyecto de ley, por lo que el gobierno del presidente Ollanta Humala observó la norma aprobada por el Congreso, pero los legisladores piensan someterla a nueva votación en agosto.

También se estigmatiza a quien no cumple órdenes. En 2008, el general Alberto Jordán recibió la orden del entonces jefe policial Octavio Salazar para desalojar de un puente, usando armas de fuego, a 25.000 manifestantes de la región de Moquegua quienes reclamaban más impuestos por una mina de cobre. Jordán se negó y como castigo fue jubilado y sentenciado a 18 meses de cárcel por desobediencia.