Fiebre por el oro ilegal corrompe a Suramérica

La fiebre del oro volvió con fuerza a Suramérica, si es que alguna vez se fue, y con el repunte de los precios de este metal se está dando en varios países de la región una lucha entre el Estado, los mineros ilegales y organizaciones criminales para mantener el control.

En Colombia, el Gobierno asegura que los rebeldes de las FARC controlan unas 15 minas en el departamento de Bolívar, buscando nuevos métodos de financiamiento para oxigenar su guerra y "diversificar sus negocios" ilícitos, como revelaba el diario El Espectador.

Luis Esteban Manrique, analista político y redactor jefe de la Revista Política Exterior explica que "el presidente colombiano Juan Manuel Santos, suspendió en febrero las concesiones mineras por el masivo ingreso de carteles del narcotráfico, bandas criminales guerrilla y grupos paramilitares en el negocio del oro... En Colombia el oro se ha convertido en la nueva cocaína".

En el caso de Perú, esta nación posee enormes recursos mineros -es el segundo productor mundial de cobre y el quinto de oro-, pero la extracción se ha topado con el rechazo de pobladores que temen daños ambientales y exigen parte de las ganancias, lo que recientemente desató la primera crisis de este tipo en el gobierno del presidente Ollanta Humala.

El precio del oro se ha revalorizado en 316% desde hace una década, indica la British Geological Survey, que agrega que en Suramérica se encuentran ocho de los grandes productores de oro del mundo.

En medio de la crisis financiera mundial, los mercados confían en el valor del oro para invertir. De allí el gran interés de países como Canadá, Israel o Reino Unido por ganar concesiones en minas suramericanas, y el de los gobiernos para otorgarlas.

Planes de seguridad

Con el repunte de los precios del oro (el viernes la onza se pagaba a 1.577,50 dólares) gobiernos como los de Perú, Colombia, Brasil, Guyana o Surinam se han abocado a ofrecer mayor protección a las minas buscando evitar que las mafias se enriquezcan, y a la vez, frenar los niveles de contaminación. En el caso de la extracción de oro, el uso de mercurio termina afectando los ríos.

La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) acordó en marzo trabajar con los gobiernos para enfrentar la minería ilegal.

El documento firmado por los ministros del Ambiente de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela apunta a tomar medidas comunes entre los países productores.

"La interconexión de los problemas en Suramérica es grande... lo que estamos viendo ahora es que muchos grupos criminales 'invierten' en minas ilegales auríferas, como una de las tantas opciones para lavar dinero", explicaba en Bogotá Francisco Thoumi, excoordinador del Informe Mundial de Drogas de Naciones Unidas.

El colombiano Alfredo Rangel, experto en temas de seguridad y defensa, advertía que las FARC están cobrando cupos a mineros artesanales, otorgan "permisos" para explotar minas e incluso son financistas en la compra de maquinaria que luego alquilan para explotar otras minas.

El caso venezolano

La actividad minera representa 0,004% del PIB de Venezuela. Se trata del sector más limitado de la economía nacional: las cifras del Banco Central de Venezuela (BCV) indican que la extracción de oro, diamantes, cemento y otros minerales llegaron a cerrar el año pasado con ingresos de poco más de 278.000 bolívares fuertes.

En el sur del país, sin embargo, no faltan minas clandestinas. La mayoría del oro, diamantes y coltán venezolano sale por rutas de contrabando.

"El peso de la minería ha caído a niveles irrisorios, no tiene incidencia en la economía", lamenta el presidente de la Cámara Minera de Venezuela, Luis Rojas. "La nueva ley exacerbó una crisis que ya existía".

El próximo jueves terminará de entrar en vigencia el decreto 8314, que desde septiembre del año pasado obliga a vender cualquier mineral al BCV al precio del dólar regulado.

Ese mismo día, empresarios, académicos, y funcionarios abordarán este y otros temas en Caracas durante la VI edición del Congreso Internacional de Tecnología Minera.

"Muchos gobiernos ignoran la minería ilegal porque sus explotadores, cuando son ¿perturbados' generan caos, pero sino se actúa a tiempo el daño puede ser peor", decía Thoumi.