Denuncian que en Venezuela hay violencia policial y delictiva

Londres.- En 2011 la "violencia delictiva y policial siguió siendo un problema grave en Venezuela" y la mayoría de los "abusos" atribuidos a la policía "no se investigó debidamente", denunció Amnistía Internacional (AI) en su informe anual publicado en Londres.

En su texto sobre los derechos humanos en el mundo, la organización humanitaria destaca además que "se siguieron formulando cargos por motivos políticos contra detractores del Gobierno" de Hugo Chávez, que las condiciones del sistema penitenciario son de "hacinamiento extremo" y que hubo "amenazas" contra los defensores de los Derechos Humanos, informó Efe.

AI recuerda que se creó la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y el Desarme con el cometido de "abordar la proliferación de armas pequeñas" y que, en noviembre, el Ejecutivo "sacó a la calle a las tropas de la Guardia Nacional para atajar la delincuencia violenta generalizada", acota el texto.

En cuanto al sistema judicial, AI dice que "el Tribunal Supremo incumplió sus obligaciones internacionales legalmente vinculantes al no acatar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenaba levantar la prohibición de la candidatura electoral del político de la oposición Leopoldo López".

El informe de AI denuncia hostigamiento y amenazas contra los defensores de los derechos de la persona, así como "acusaciones infundadas".

En ese sentido cita el caso de Humberto Prado Sifontes, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, que en junio "fue objeto de una campaña de intimidación y amenazas de muerte después de pedir al Gobierno que abordase pacíficamente un motín en la prisión El Rodeo".

Amnistía Internacional agrega que "tras las acusaciones formuladas contra él por ministros del Gobierno y medios de comunicación oficiales, un blog publicó sus datos de contacto con una nota que decía: "Próximamente datos familiares para que el pueblo lo juzgue. Pena Capital"".

Según la organización internacional, en Venezuela "siguieron recibiéndose informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas por la policía, tales como homicidios ilegítimos (sic) y torturas", pero la mayoría no se investigó debidamente y apenas hubo actuaciones judiciales".

Según AI, "la violencia seguía siendo endémica en las prisiones, aquejadas de hacinamiento crónico", y refiere los sucesos de El Rodeo, donde murieron alrededor de 27 reclusos.

En Venezuela "hubo restricciones" a la libertad de expresión, con multas o acusaciones a medios y periodistas, acotó.

En relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, AI apunta que este organismo fue blanco de continuos ataques por parte de varios Estados durante 2011.

Cita el caso de Brasil que retiró a su embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) como represalia por la petición de la Comisión de que se suspendieran obras hidroeléctricas de Belo Monte hasta que se hubiera consultado debidamente a las comunidades indígenas afectadas.

Ecuador, Perú y Venezuela también criticaron a la Comisión, acusándola de excederse en su mandato y de injerencia en sus derechos soberanos.

Sobre seguridad y derechos humanos, señala que los gobiernos siguieron explotando motivos "legítimos de preocupación sobre la seguridad pública y los elevados índices de delincuencia para justificar o ignorar las violaciones de derechos humanos cometidas por sus fuerzas de seguridad".