Demandarán a alcalde de Arizona por violación de derechos civiles
Funcionarios del departamento de Justicia le dijeron a los abogados de Arpaio el 3 de abril que la renuencia del alguacil a aceptar un monitor nombrado por la corte concluiría las negociaciones para un arreglo y resultaría en una demanda federal.
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Phoenix, Arizona, Estados Unidos.- Las autoridades federales planean demandar al alguacil de Arizona Joe Arpaio y su oficina con base en acusaciones de violaciones a los derechos civiles, entre ellas las de etiquetamiento racial en contra de los hispanos, se conoció el miércoles.
El departamento de Justicia ha estado buscando un acuerdo que requiere que la oficina de Arpaio, alguacil del condado de Maricopa, entrene a sus agentes sobre cómo realizar paradas de tráfico que acaten la Constitución, compilar información de personas en paradas de tráfico y asegurar a los hispanos que el departamento tiene también la misión de protegerles, mencionó AP.
Arpaio ha negado las acusaciones de encasillamiento racial y ha dicho que permitir un monitor nombrado por la corte significaría que todas sus decisiones tendrían que ser autorizadas por un observador, lo que nulificaría su autoridad.
Funcionarios del departamento de Justicia le dijeron a los abogados de Arpaio el 3 de abril que la renuencia del alguacil a aceptar un monitor nombrado por la corte concluiría las negociaciones para un arreglo y resultaría en una demanda federal.
La notificación de la demanda se produjo el miércoles en una carta del subsecretario de Justicia Thomas Pérez a un abogado de Arpaio.
Pérez, quien dirige la división de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, hizo notar que han pasado más de 100 días desde que la oficina del alguacil recibió el reporte de conclusiones del departamento y que las autoridades federales no se han reunido con el abogado de la oficina del alguacil desde el 6 de febrero para analizar los términos del acuerdo.
Ni Arpaio ni Joseph Popolizio, uno de los abogados que representa a su oficina, respondieron de inmediato a llamadas telefónicas en busca de comentarios.
En diciembre, el departamento de Justicia emitió un duro reporte en el que acusó a la oficina de Arpaio de etiquetar racialmente a los hispanos, basar la implementación de las leyes de inmigración en quejas ciudadanas con carga racial y castigar a los reclusos hispanos por hablar español en la cárcel.
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