Polémica en El Salvador por negociaciones entre pandillas y el gobierno

San Salvador.- Un intenso debate está teniendo lugar en El Salvador, a raíz de que un diario local informó el jueves que el gobierno, presidido por Mauricio Funes, habría negociado con los líderes encarcelados de las violentas pandillas conocidas como "maras", a fin de que se redujeran los homicidios.

El periódico digital El Faro reveló el miércoles que el gobierno habría negociado con los líderes de la denominada "Mara Salvatrucha MS-13" y con la "Pandilla 18", el trasladado del penal de máxima seguridad, conocido como "Zacatrás", a cambio de que ordenaran a los jefes del "exterior" parar los homicidios y las extorsiones, destacó DPA.  

El ministro de Seguridad Pública, David Munguía Payés, negó el viernes que el gobierno haya negociado con los liderazgos de las "maras" una disminución de los homicidios.

Lo cierto es que el martes pasado Munguía Payés anunció la reducción de los homicidios y este viernes confirmó que los jefes mareros fueron trasladados a cárceles que tienen sistemas de seguridad menos rígidos que los penales de máxima seguridad.

Por su parte, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, reclamó a las autoridades de Seguridad Pública que den una explicación pública y detallada de la causa por la cual se efectuó el traslado de 30 presos del penal "Zacatrás", de máxima seguridad ubicado en Zacatecoluca, La Paz, a otras penitenciarías de régimen tradicional.

El traslado de reos se hizo el 8 de marzo desde "Zacatrás" a los penales de Ciudad Barrios y Cojutepeque, en las provincias de San Miguel y Cuscatlán, respectivamente.

Munguía Payés aceptó el traslado de presos peligrosos, pero aclaró que se realizó "debido a que la ley establece que los reos solo pueden permanecer un diez por ciento de la pena en penal de máxima seguridad".

El también general retirado dijo que en la presente administración de gobierno ha habido reubicación de reos basado en las llamadas "mesas de la esperanza", que son reuniones entre reclusos y autoridades de las cárceles para encontrar soluciones a los problemas que padecen los internos.

En tanto, el director del Instituto de los Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), Benjamín Cuéllar, manifestó que el pacto entre el Ejecutivo y los pandilleros podría ser una medida de desesperación por parte de las autoridades y que a su vez representa un grave peligro para el país.

"¿Por qué no en vez de entrarle a esto, no le entran al tema de la prohibición de las armas? ¡Qué no me digan que los pandilleros que están adentro de las cárceles están totalmente ligados a los que están afuera! Creo que tienen sus dinámicas propias", declaró Cuéllar.

También la Fundación para el Estudio y la Aplicación del Derecho (Fespad) sostuvo que la baja de homicidios es una buena noticia "pero la solución no debería ir por negociar con las estructuras de las pandillas un problema que corresponde resolver al gobierno y a la sociedad salvadoreña entera, dentro del marco legal".

"No estamos de acuerdo con decisiones que violentan la normativa vigente; hacer traslados de internos a partir de negociaciones entre éstos y funcionarios de gobierno es arbitrario, riñe con la ley y con la ética", indicó Fespad.

El Salvador es uno de los países más peligrosos del mundo con una tasa de homicidios de 70 por cada 100.000 habitantes, más alta que la de Irak y Afganistán, según agencias de las Naciones Unidas.