Portugal redujo en 20.000 el número de funcionarios públicos durante 2011

Lisboa.- Portugal redujo la plantilla de funcionarios públicos en 2011 en 20.000 personas, lo que supone cerca del 3,2 por ciento del total, según datos facilitados hoy por el Gobierno luso.

La mayor parte de esas bajas se debió a jubilaciones, ya que el Ejecutivo se comprometió a adelgazar la nómina de empleados dependientes del Estado sin recurrir a despidos, informó Efe.

Las cifras provisionales divulgadas hoy en una comisión parlamentaria por el secretario de Estado portugués de la Administración, Hélder Rosalino, revelan que el número de funcionarios públicos lusos ronda ahora el medio millón, equivalente al 10 por ciento de la población activa del país.

Portugal también eliminó el pasado ejercicio 1.711 altos cargos y 142 organismos públicos, lo que le sirvió para cumplir con su objetivo de suprimir el 27 por ciento de los puestos directivos en la Administración y agrupar entidades públicas hasta reducirlas en un 40 por ciento, según Rosalino.

La reducción del peso del sector público en la economía lusa es uno de los principales objetivos del programa de ajustes acordado el año pasado por las autoridades portuguesas con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI), a cambio de su ayuda financiera, de 78.000 millones de euros.

La meta para el período 2012-2014 es rebajar a un ritmo del 2 por ciento anual el número de trabajadores dependientes de las administraciones central, regional y local.

Para ello, el Ejecutivo luso, de signo conservador y en el poder desde junio pasado, se comprometió a paralizar las contrataciones de nuevo personal, con amortización de los puestos de quienes dejen la función pública, además de promover jubilaciones anticipadas.

Para racionalizar los recursos del Estado, también se fomentará la movilidad geográfica de los funcionarios, un plan que todavía debe concretarse y que está en discusión con los sindicatos.

El severo programa de ajustes puesto en marcha por Portugal incluye, además, un aumento de impuestos generalizado y recortes en todo el sector estatal, con el objetivo de reducir el déficit público hasta dejarlo en el 3 por ciento del PIB en 2013.