Bogotá.- La Corte Constitucional de Colombia ordenó al gobierno proteger a los exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que firmaron el acuerdo de paz en 2016 y son blanco de una espiral de violencia que deja unos 300 desmovilizados asesinados.

De acuerdo a un fallo dado a conocer este viernes, el alto tribunal que vela por el cumplimiento de la Carta Magna consideró que los "derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la paz" de los antiguos rebeldes "fueron desconocidos" por entidades estatales, reveló AFP.

Teniendo en cuenta "el alto número de firmantes del acuerdo final de paz que han sido víctimas de homicidio y el bajo nivel de implementación de las normas sobre garantías de seguridad para los desmovilizados la Corte también decidió declarar el 'estado de cosas inconstitucional'", anunció la magistrada Cristina Pardo en una exposición virtual del fallo.

Con una votación de cinco contra cuatro, la sala plena de la Corte adoptó este mecanismo de origen jurisprudencial que se declara en escenarios de graves violaciones de derechos fundamentales y ante la incapacidad del Estado para proteger a las víctimas.

La Corte Constitucional ordenó al gobierno que "adopte las medidas que le permitan cumplir de manera integral, coordinada y articulada las garantías de seguridad previstas en el acuerdo final de paz", advirtió la magistrada Pardo.

"Esta declaración de la Corte es la prueba que el gobierno omitió la normatividad constitucional. La paz con legalidad, es una mentira que le ha costado la vida a más de 300 firmantes de paz", escribió en Twitter Pastor Alape, dirigente del partido de izquierda Comunes, surgido del acuerdo de paz.

Año electoral
El gobierno del presidente conservador Iván Duque ha sido crítico del pacto que firmó en 2016 su antecesor, Juan Manuel Santos, con la que fuera la guerrilla más poderosa de América, hoy convertida en partido de izquierda con una pequeña representación legislativa.

"No compartimos los criterios que hayan llevado a que se estime que hay un estado de cosas inconstitucional. Hay en este momento 17 entidades que desde hace años están trabajando en la protección de los excombatientes", aseguró en rueda de prensa el alto consejero presidencial del posconflicto, Emilio Archila.

En el poder desde 2018, el mandatario intentó sin éxito reformar el pacto de paz a través del Congreso, anclado en su rechazo al sistema especial de justicia que investiga los peores crímenes cometidos durante el conflicto de casi seis décadas con las disueltas FARC.

Los exguerrilleros le reclaman al gobierno incumplimientos a lo acordado hace cinco años. Algunos de ellos renunciaron a la justicia de paz y retomaron las armas.

En vísperas de las elecciones presidenciales y legislativas que tendrán lugar entre marzo y mayo, Naciones Unidas hizo un llamado para "garantizar una participación segura, pacífica e inclusiva".

"Los miembros del Consejo de Seguridad reiteraron su preocupación por las persistentes amenazas, ataques y asesinatos contra exmiembros de las FARC-EP que dejaron las armas como participantes en el proceso de paz, así como contra líderes comunitarios y sociales", señaló la organización en un comunicado.

La Corte también ordenó a la Unidad Nacional de Protección, encargada de los esquemas de seguridad de las personas amenazadas, que revalúe el riesgo al que se enfrentan los exguerrilleros y tome nuevas medidas para evitar que los maten.

Los exguerrilleros comparecen ante la justicia de paz, mientras son blanco de la peor arremetida de grupos que se marginaron del histórico acuerdo y otras organizaciones financiadas por el narcotráfico, que según las autoridades son los principales responsables de los crímenes contra las antiguas FARC.

Colombia vive un rebrote de la violencia en las regiones apartadas del país. Defensores de derechos humanos, indígenas y negros también son víctimas frecuentes de esta nueva espiral de violencia.