Violencia en Nicaragua se recrudece y cobra nuevas víctimas mortales
Muchas personas fueron heridas por disparos de francotiradores y la mayoría sufrió impactos de bala en la cabeza, ojos, cuello y tórax, expresaron en un adelanto del informe final de la visita al país
Washington.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó al Gobierno de Nicaragua de promover "una escalada de la violencia con nuevas prácticas represivas", que ha dejado 127 muertos y más de 1.200 heridos desde mediados de abril pasado hasta hoy.
El secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrao, presentó en rueda de prensa en Washington un adelanto del informe final de la visita que el organismo autónomo de la OEA realizó al país el mes pasado y que dará a conocer en los próximos días, destacó DPA.
Hemos detectado "un escalamiento de la violencia con nuevas prácticas represivas. Nos parece que hay un nuevo patrón de represión instalado en el país", afirmó Abrao.
Recordó que una misión de la CIDH que él encabezó junto a la chilena Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua, había contabilizado 76 muertos, 868 heridos y 438 detenidos entre el 18 de abril y el 20 de mayo.
Dijo que 15 días más tarde se confirman 51 muertes más, que elevan la cifra de fallecidos a 127, además de 1.200 heridos.
Muchas personas fueron heridas por disparos de francotiradores y la mayoría sufrió impactos de bala en la cabeza, ojos, cuello y tórax, destacó el titular de la CIDH. Agregó que esta situación aún prevalece en el país.
Afirmó que la comisión fue informada sobre maltrato en las cárceles, aislamiento de prisioneros, fallas en los informes de autopsias y negación de la atención a manifestantes heridos por parte de los hospitales públicos, lo que constituye una violación al derecho a la salud.
Añadió que en los últimos 15 días recibieron denuncias de un posible ataque aéreo a civiles con pesticidas en Masaya, cerca de la capital; de funcionarios públicos obligados a participar en marchas del Gobierno y de "personas que han pasado a la clandestinidad para preservar sus vidas", además de amenazas a periodistas y ataques a medios de comunicación.
Existe "un ambiente de hostigamiento y amenazas instalado en el país. Un ambiente de intimidación (con) un impacto psicológico y físico sobre la población civil de Nicaragua", advirtió Abrao.
Reveló que la Comisión dictó medidas cautelares (protección del Estado) para el sacerdote Edwin Román, párroco del barrio San Miguel de Masaya, y para Alvaro Leiva, director de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), ambos amenazados de muerte.
Entre otros sucesos recientes, mencionó el ataque de fuerzas de choque y francotiradores contra una manifestación pacífica encabezada por mujeres y madres de víctimas, el pasado 30 de mayo en Managua, así como ataques a manifestantes civiles en el interior del país, que dejaron 15 muertos y decenas de heridos.
Confirmó que la CIDH trabaja en la formación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar los sucesos de violencia, procurar la sanción de los responsables y construir un plan de atención a las víctimas.
Añadió que están seleccionando a los especialistas, quienes viajarán a Nicaragua en las próximas semanas y que trabajarán durante seis meses prorrogables.
El presidente Daniel Ortega ya autorizó esa visita.
El director ejecutivo de la CIDH dijo que el informe final será presentado próximamente al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. La Comisión es un organismo autónomo de la OEA.
A Paulo Abrao lo acompañaron representantes de los estudiantes nicaragüenses, entre ellos Fernándo Sánchez, quien acusó a Ortega de cometer "una masacre", y sostuvo que la única solución a la crisis es su retiro inmediato del poder.
Consultada por un periodista sobre el eventual retiro de Ortega, la comisionada Urrejola, que respondió preguntas por videoconferencia, dijo que esa es una decisión que sólo pueden tomar los nicaragüenses y que la CIDH aboga por "una salida no violenta" a la crisis.
"Tiene que ser una salida democrática, constitucional, no violenta y con respeto a los derechos humanos, garantizando justicia para las víctimas", subrayó.
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