Se iniciaban los años 90 una década que estuvo marcada por la inestabilidad política y económica. Los años 80 había cerrado con el Caracazo, del 27 de febrero de 1989 y en 1992 dos alzamientos militares marcaron un rompimiento en la historia contemporánea venezolana, el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez caería el 21 de mayo de 1993.
Entre el 16 y 31 de julio de ese año ocurrió una serie de ataques con sobres bombas en diferentes zonas de Caracas. Una de las explosiones, la más grave, fue el 19 de julio en la sede de la Corte Suprema de Justicia. En el ataque Hugo Betancourt Zerpa archivista de la Sala Plena perdió su mano izquierda y su compañero de trabajo, José Francisco Urbano, resultó lesionado. El sobre era remitido por tal “Pedro Carmona”.
A mediados de agosto, otra explosión sacudió a Venezuela, esta vez era un carro el que volaba por los aires en los estacionamientos del Centro Ciudad comercial Tamanaco (CCCT).
Entre el 16 y 31 de julio de ese año ocurrió una serie de ataques con sobres bombas en diferentes zonas de Caracas. Una de las explosiones, la más grave, fue el 19 de julio en la sede de la Corte Suprema de Justicia. En el ataque Hugo Betancourt Zerpa archivista de la Sala Plena perdió su mano izquierda y su compañero de trabajo, José Francisco Urbano, resultó lesionado. El sobre era remitido por tal “Pedro Carmona”.
Los sobres fueron entregados en la residencia del magistrado de la CSJ Alirio Abreu Burelli, otro a la sede de la Corte Suprema de Justicia, así como a la casa del presidente de la magistratura, el abogado Gonzalo Rodríguez Corro, siete días más tarde en una estación de servicio en Altamira estalló otro paquete, ese mismo día ocurrió otra explosión frente a la embajada de Colombia, y otro sobre fue entregado en la Escuela de Enfermería de la UCV. El 31 de julio otro dispositivo fue activado en la sede de Fedecámaras.
A mediados de agosto, otra explosión sacudió a Venezuela, esta vez era un carro el que volaba por los aires en los estacionamientos del Centro Ciudad comercial Tamanaco (CCCT).
La política explosiva
La única organización política se adjudicó los ataques fue el autonombrado Movimiento Revolucionario José Antonio Páez, del que nunca se había escuchado nada y del que tampoco se volvió a escuchar.
La única organización política se adjudicó los ataques fue el autonombrado Movimiento Revolucionario José Antonio Páez, del que nunca se había escuchado nada y del que tampoco se volvió a escuchar.
Los sobres enviados a la Corte Suprema de Justicia estaban dirigidos a los magistrados que seguían un antejuicio de méritos contra el expresidente Jaime Lusinchi, al parecer el móvil de los ataques era político.
El 10 de agosto la PTJ reveló en rueda de prensa, la identidad real del autor de los explosivos, era el excomisario de la Disip, José Maximiliano Monsalve Planchart y junto a él fue señalado, el ex director de ese organismo, Henry López Cisco, quienes fueron encarcelados junto a otros cómplices.
Para tumbar la bolsa se necesita
Sin embargo, uno de sus efectos más notorios fue la caída de la Bolsa de Valores de Caracas, el miedo terminaba afectando a los inversionistas y eso se comprobaría el 19 de agosto cuando un carro estallaba en el CCCT.
Sin embargo, uno de sus efectos más notorios fue la caída de la Bolsa de Valores de Caracas, el miedo terminaba afectando a los inversionistas y eso se comprobaría el 19 de agosto cuando un carro estallaba en el CCCT.
En esta oportunidad dos nuevos personajes aparecían: Walter Del Nogal, Ramiro Helmeyer y Thor Halvorssen, así como otros representantes de la banca quienes al observar el movimiento de la bolsa tras las explosiones se atrevieron a generar terror para obtener ganancias.
A mediados de octubre, tras la detención de Helmeyer la PTJ hacía pública la participación del grupo en el atentado y en el asesinato de Mario Patti Fajardo, quien fue ultimado en un avión propiedad de Helmayer y su cadáver lanzado al mar.
Una vez desenmarañado el caso se logró detener y condenar a los implicados, sin embargo, dos de ellos, Helmeyer y Del Nogal fueron liberados por un recién electo Hugo Chávez, apenas cumplieron seis de los más de 20 años a los que habían sido condenados.
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