Porlamar.- El hundimiento esta semana del barco Tallink Autoexpress II, propiedad de la estatizada empresa Conferry, es secuela de la decisión que hace siete años tomara el entonces presidente de la República Hugo Chávez, respecto a que en el marco de la política social de su gobierno la empresa Consolidada de Ferrys, pasaría a manos del Estado.
Aunque la nave estaba desincorporada de la flota desde hace tres años, significa la pérdida de otro activo, y ratifica que el transporte marítimo es parte de los problemas de movilización dentro del territorio nacional, especialmente en la conectividad entre tierra firme y el único estado insular de Venezuela, Nueva Esparta.
“Para nosotros ferry era sinónimo de Margarita”, afirma Pablo Salazar, caraqueño residenciado en la isla, quien como testimonio de la errada medida del Gobierno expresa, “es verdad que con los Tovar los ferrys no eran un lujo, pero siempre era una aventura satisfactoria viajar, y uno estaba seguro de la existencia de un transporte, de una conexión con Margarita”.
Según cifras que muestra la Corporación de Turismo de Nueva Esparta (Corpotur), en el año 2008 el 56% de visitantes viajaba por mar. 1 millón 800 mil 210 pasajeros, frente a 904 mil 256 transportados por vía aérea, y había una oferta total de 9 mil puestos entre las empresas Conferry, Naviarca, Gran Cacique y Navibus.
10 años después, existen entre las 4 empresas solo 6 embarcaciones que a duras penas se mantienen, por los problemas de mantenimiento en la sustitución de repuestos, y falta de lubricantes.
Oídos sordos
El vicepresidente del sindicato nacional Bolimarítimos, Alfredo Santamaría, dijo ante el hundimiento del Tallink Autoexpress II, que las autoridades hicieron caso omiso a las alertas de los trabajadores.
Afirma que la inmersión se produjo por la falta de generación eléctrica y no se tomaron las acciones preventivas a tiempo, ni cuando se ubicó en el puerto de Guanta que quedó sin electricidad, ni cuando comenzó a hacer agua. El domingo se emitió el estado de alerta y el jueves amaneció hundido.
Sin embargo, el problema de Conferry no es solo técnico, los trabajadores han hecho grupo en las protestas de los trabajadores públicos, en reclamo a su precaria situación laboral afirmando que, “el Gobierno destruyó este sistema de transporte tan vital para la zona oriental".
Además de la pérdida de conectividad entre Anzoátegui y Nueva Esparta, también Conferry dejó desprovista de transporte a la isla de Coche, municipio Villalba, situación que inclusive el alcalde de esa entidad ha denunciado, advirtiendo que prefiere quedar expuesto ante el Partido Socialista Unido de Venezuela, que no defender los intereses de esa comunidad que lo eligió.
La corrupción también navegó
Sobre la naviera estatal también ha habido denuncias de corrupción. En abril de 2013 la entonces presidenta de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), Elsa Gutiérrez Graffe, anunció la adquisición sin intermediarios, a una armadora griega, de 3 ferrys nuevos, pero en julio salió del cargo e ingresó el mayor general de la Guardia Nacional, Hebert García Plaza, también Ministro de Transporte Acuático y Aéreo, quien rescinde del compromiso e inicia una nueva negociación en España donde se concretó la compra de tres ferrys por mas de 50 millones de euros, con la diferencia que no eran nuevos sino que debían ser reparados, información que en el momento no trascendió.
La consecuencia fue una primera reparación cuyo costo superó cinco veces el monto de la compra: 241 millones 526 mil 653 euros.
La cronología de los únicos ferrys adquiridos desde la estatización, es que el Virgen del Valle operó solo unos meses, el buque San Francisco de Asís funcionó a medias por falta de repuestos y por problemas en los water jets, y el Virgen de Coromoto, tampoco cubrió su total capacidad.
La situación se develó con la designación en Bolipuertos de Julián Rafael Marchan Lugo, quien denunció a García Plaza en el 2015 ante la Superintendencia del Cuerpo Nacional contra la Corrupción, y la Fiscalía inició una investigación penal que concluyó con la decisión del Tribunal 10 del Área Metropolitana de Caracas de dictar privativa de libertad contra el vicepresidente de la estatal Bolipuertos, Antonio González, presunto autor en los delitos de “peculado doloso, concierto con contratista y evasión de procesos licitatorios”, y tres inspectores navales del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA), Wilfredo Urbáez, Armando Larrazábal y Luís Pagua, por ser "facilitadores" en los dos primeros delitos.
Asimismo, a solicitud de la jueza Nahilu Sánchez, se difundió una alerta roja de Interpol para la detención en cualquier parte del mundo de Hebert García Plaza, quien desde el exilio declaró "creo que me quieren como el chino de Recadi en la lucha contra la corrupción, porque hice algunas denuncias contra empresas de maletín que al parecer no gustaron mucho por tocar intereses de algunos personeros del Gobierno".
El hecho es que a 7 años del cambio de propietario, no hay mejoras, sino pérdida de activos, crisis laboral y una creciente desconectividad de Nueva Esparta con un grave impacto social y económico.
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