Análisis El presidente de Colombia ratificó que "no se arrepentía" de haber bombardeado un campamento rebelde en Ecuador. Tal señalamiento lo hizo el pasado 16 de abril durante el III Foro Económico Mundial sobre América Latina. "De ninguna manera me pudiera arrepentir (... ) yo veo que se ha acusado mucho por haber entrado en territorio ecuatoriano, a un lugar de la selva donde había unos delincuentes que asesinaban a los colombianos, pero no se ha cuestionado que esa violación de soberanía la hizo el grupo terrorista de las FARC".

El planteamiento hecho por Álvaro Uribe pone de relieve nuevos conceptos que en materia de geopolítica y de derecho internacional, en el marco de un proceso irreversible de globalización, comienzan a incidir en las relaciones entre los estados y especialmente en Latinoamérica.

En la frontera ecuatoriana no sólo se produjo una acción armada, allí se confrontaron dos modelos políticos y económicos, dos concepciones que intentan imponerse en un mundo donde las fronteras y la soberanía territorial han perdido su denominación original. Es la confrontación entre la democracia occidental atada a la economía liberal y el populismo nacionalista que, en el caso de América Latina, ha encabezado el presidente venezolano Hugo Chávez y que ha promovido una alianza internacional contra EEUU.

Para el proyectista de la Ley contra la Delincuencia Organizada y estudioso del tema del terrorismo internacional Bayardo Ramírez Monagas, en las reuniones de Río y de la OEA, en donde se discutieron y acordaron resoluciones sobre el ataque al campamento guerrillero en Ecuador por parte de Colombia, se abordó el problema de la violación de la soberanía territorial del Estado ecuatoriano, sólo a la luz del concepto de "soberanía territorial", que se establece en la carta de la OEA como único principio que regía la discusión.

A juicio de Ramírez fueron dejados de lado "estratégicamente" las Convenciones de la ONU y las convenciones internacionales contra el terrorismo y su financiamiento, suscritas por los países del continente. Todo ello en un mundo donde los ejércitos ya no pelean sólo contra los ejércitos, sino contra amenazas. Se trata de un mundo globalizado en lo económico, político, tecnológico y militar, con grandes fenómenos globales que no fueron previstos.

En tal sentido, precisa Ramírez que por efecto indeseado, la delincuencia organizada y el terrorismo internacional, también se globalizaron como aparatos de poder y como estados paralelos. Estos nuevos enemigos son tan poderosos como lo puede ser un estado formal. Nos encontramos en un mundo donde la soberanía territorial, si bien es cierto que hay que respetarla, ella no debe ser sólo territorial porque el terrorismo y la delincuencia organizada actúan en el hiperespacio, utilizan el sistema financiero globalizado y establecen alianzas políticas y económicas extraterritoriales, que incluyen a gobiernos que por intereses ideológicos y económicos, comparten objetivos comunes con el terrorismo.

De allí que Ramírez establece una soberanía superior que identifica como "soberanía compartida". Esta no sustituye la territorial pero significa que hay una amplitud diferente que contiene una obligación internacional. Cuando los estados firman la convención contra el terrorismo (1999) o la convención contra la delincuencia organizada (2000), se adquieren una serie de compromisos que los países deberían asumir.

El filósofo Paul Berman, estudioso del terrorismo islámico, nos explica que en los días que siguieron al ataque de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, mucha gente anticipó una rápida victoria de parte de EEUU. "Se pensaba que el ejército terrorista no era más grande que un barco pirata, pero Al Qaeda ha permanecido (... ) El rostro espiritual del barbado Bin Laden se asoma desde camisetas y carteles en varios países, como si fuera el nuevo Che Guevara", sostiene Berman. "Es una organización relacionada con las élites gobernantes de varios países".

En efecto los ataques de Al Qaeda se extendieron más tarde a Europa, tienen ramificaciones en Irak y generaron cambios sustanciales en las legislaciones de EEUU, Europa y América Latina. A partir de esos ataques "los fondos financieros de los terroristas son buscados hasta debajo de la piedras", enfatiza la revista "Cuentas Claras", especializada en legitimación de capitales. El Fondo Monetario Internacional estima que el lavado de dinero proveniente de organizaciones delictivas y terroristas es de 1.500.000 millones de dólares aproximadamente.

Explica el experto que la mayoría de los gobiernos de América Latina no comprenden que el tráfico de drogas, el terrorismo y la delincuencia organizada son un tejido interrelacionado. Si por ejemplo se trabaja con drogas, también se está tocando el problema del tráfico de armas, de la corrupción o el terrorismo. Las FARC se convirtieron en traficantes de drogas cuando dejaron de tener financiamiento por la vía de la URSS y tuvieron que buscar cómo financiarse.

Cuando la congresista republicana, Ileana Ros-Lehtinen introdujo a principios de abril ante la Cámara de Representantes una resolución instando al gobierno de EEUU a incluir a Venezuela entre los países que financian el terrorismo, argumentó que no es un problema personal. "Es la preocupación americana porque nuestros vecinos sean países democráticos, que respeten los Derechos humanos, civiles y políticos..."

Lo que está planteando la congresista no es sólo que el gobierno venezolano haya protegido a guerrilleros de las FARC como el caso de Rodrigo Granda, que haya pedido el reconocimiento de fuerza beligerante para las FARC y guardado un minuto de silencio por la muerte de Reyes, que de la pluma del propio Marulanda se haya reconocido el papel de Chávez como un aliado fundamental o que Venezuela haya estrechado alianzas con países como Irán, Corea del Norte, Cuba o Bielorusia. En el juego geopolítico también está implícito el sistema económico de libertades. Y Venezuela encabeza a un grupo de países latinoamericanos reunidos en el ALBA, que comienzan a plantear unas reglas del juego distintas a las de las democracias occidentales lideradas por la Unión Europea y EEUU, en el que los principios democráticos, el libre mercado y el derecho internacional están siendo cuestionados.

De acuerdo con los documentos encontrados en la computadora de Raúl Reyes, y las manifestaciones públicas del presidente Chávez de apoyo abierto a las FARC, el gobierno de Venezuela ha sido un aliado fundamental de la organización colombiana calificada de terrorista. Tal alianza se sustenta en el proyecto geopolítico de la revolución bolivariana, referido de manera explícita por los jefes de las FARC. En esa alianza Ecuador igualmente ha jugado un papel de cooperador que fue obviado en las resoluciones de Río y la OEA.

Según refiere un documento de la Fundación "Seguridad y Democracia", publicado meses antes del ataque al campamento, Ecuador erró el cálculo al considerar que una posición de no confrontación con las FARC va a evitar que esa organización no desarrolle actividades ilegales en su territorio. "Existen registros de actividades como extorsión, secuestros, cobro de vacunas (...) establecimiento de campamentos militares y siembra de coca. Adicionalmente, la demanda de armas ha generado graves casos de corrupción dentro del ejército", dice el documento.

Asimismo recordemos cómo los inspectores de la OEA detectaron un laboratorio para procesar coca muy cerca del campamento donde, desde hacía tiempo, estaba establecido Raúl Reyes en territorio de Ecuador.

Destaca Ramírez Monagas que algunos de estos países del continente están jugando a ser "estados forajidos". Tiene que ocurrir un escándalo como el de Ecuador para descubrir que estos países hacen caso omiso a los convenios internacionales que prohíben dar refugio a terroristas o negociar con éstos sin que se entere la víctima, en este caso el Estado colombiano.

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