Hace pocos meses los españoles promulgaron una ley que obliga tanto a las empresas de la administración pública como a las privadas, a que los padres tomen un permiso legal de diez   días por paternidad. Luce de lo más innovadora y sofisticada esta medida para quien se entera de ella desde un país en el que crear condiciones ventajosas hacia el ejercicio de la paternidad, por lo general, está en el terreno de lo que ni siquiera se plantea. Entonces, reparar en detalle tan considerado hacia la figura del padre es algo inconcebible para nosotros; es más, casi que representa un refinamiento, una fruslería propia de sociedades demasiado escrupulosas como las europeas.

Y es que, bien visto, puede estar justificado el que no nos planteemos asuntos de ese tipo en este inicio de siglo en el que con dificultad han cambido los tratamientos que ahora reciben hombres y mujeres en diversos ámbitos nacionales, entre los cuales estaba, por ejemplo, el tema del adulterio dentro del Código Penal. Allí el problema se abordaba, hasta hace muy poco, en términos de castigo para la mujer, consistente en prisión de seis meses a tres años, y una sustancialmente distinta pena para los hombres que mantengan concubina de forma “pública y notoria”, que iba de tres a 18 meses de prisión. La diferencia con que los dos cónyuges eran tratados, tanto para la comprobación del delito como para su castigo, estaba a la vista y, por fin, hemos tenido la conciencia como para enmendar el error: ahora los castigos son iguales para ambos sexos. Indiscutiblemente, si tenemos que ocuparnos de asuntos de esta envergadura y nos cuesta convencer a quienes, con su autoridad, pueden eliminar de estos textos la discriminación manifiesta que hay en ellos, en qué tiempo podemos ocuparnos de asuntos menores que mejoren cualitativamente la vida de las personas como un permiso por paternidad.

Recientemente leí un libro del historiador Luis Pellicer, titulado Entre el honor y la pasión, donde se aborda el asunto de la familia, el matrimonio y el sistema de valores en la Venezuela de finales del siglo XVIII y principios del XIX. En sus páginas, me topé con una afirmación que hizo resonancia en mí respecto a la situación de la mujer venezolana en la actualidad, a pesar de que el pasaje se refería a la época citada. Allí decía, en relación con los valores que operaban en la Capitanía General de Venezuela, lo siguiente: “En una sociedad donde el honor familiar depende en mucho del recato y recogimiento de sus mujeres, vigilarlas es una necesidad para evitar la deshonra por la conducta inmoral de ellas”. Esa idea me sonó penosamente familiar, tanto que empecé a preguntarme hasta qué punto hemos progresado y superado esos preceptos en que se forjó nuestra nación.

Es cierto que no existen sociedades perfectas, sino perfectibles; no obstante, preocupa la enorme cantidad de asuntos que nos urge cambiar, no tanto en materia de leyes —que pueden ser maravillosas, pero de nada sirven si no se aplican— como en las mentalidades que hay detrás de quienes las crean; es decir, en los patrones, valores y prejuicios de las personas que discuten, promueven, derogan y modifican dichos instrumentos legales, así como también, por supuesto, en las mentalidades de los ciudadanos que ejercemos presión para que las mismas mejoren y se hagan cumplir. Qué trascendencia tiene que el gobierno español promulgue leyes que favorecen la paternidad del hombre desde el punto de vista laboral, si el índice de violencia hacia la mujer en ese país llega a cifras alarmantes (en 2005, el número de muertes por violencia doméstica allí fue de 63, y en lo que va del actual año es de 21). Qué relevancia tiene que se promuevan mejores puestos y salarios para las mujeres, si al decretar esto hay protestas por parte de los trabajadores masculinos, autores, algunos de ellos, de crímenes contra españolas que mueren quemadas, degolladas o golpeadas. Esas son las incongruencias entre el deseo de modernizar las leyes y la realidad que la gente común y corriente vive dentro de una sociedad. Incongruencias a las que los venezolanos no escapamos, claro está; por eso estamos obligados a reflexionar sobre ellas, a ver si así, en Caracas, al menos, deja de morir una mujer cada doce días a manos de un hombre. l

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