El Universal
regresar
|
compartir
|
|EDUCACIÓN |FORO CERPE

7. Financiamiento educativo prioritario, equitativo, eficiente


EL UNIVERSAL
domingo 18 de noviembre de 2012

Sostenemos que el financiamiento educativo debe ser realmente prioritario en el presupuesto estatal. Y dentro de él, ha de dársele mucha mayor atención a la inversión en una educación inicial, primaria y media de calidad para todos, esto es, según la LOE de 2009, al Subsistema de Educación Básica. Hay que pasar de la retórica a los hechos: la magra cifra de 2.263 dólares anuales que invierte el Estado venezolano en promedio por cada estudiante de este Subsistema, debe ascender prontamente al menos a un promedio de 4.000 dólares anuales y de allí debe, progresivamente, irse incrementando. Ese aumento sustancial debe utilizarse en varias direcciones, entre las cuales: A) incrementar el salario de los educadores para hacer atractiva y competitiva la profesión. En concreto, un Docente I debería devengar mensualmente al menos tres veces el salario mínimo nacional y los aumentos progresivos deben llevar a que el Docente VI devengue mensualmente al menos lo mismo que un general; B) otorgar becas e incentivos a estudiantes para que cursen la formación docente en las áreas de matemáticas, ciencias naturales y otras, en las cuales existe un claro déficit de docentes especializados; C) el Estado debe garantizar la existencia y dotación adecuada de bibliotecas, laboratorios, talleres de educación técnica y equipamientos informáticos en los centros educativos; D) financiar proyectos de mejoramiento de la calidad pedagógica en escuelas y liceos; E) apoyar financieramente a centros educativos comunitarios sin fines de lucro, bajo la modalidad de cooperativas, asociaciones civiles o fundaciones promovidas por padres, vecinos, docentes, organizaciones sociales y religiosas.

Ahora bien, el financiamiento del Estado no puede reducirse solo al Subsistema de Educación Básica. También es una prioridad para el país el fomento de la investigación en áreas estratégicas y la formación de profesionales y líderes con la máxima calidad. Para financiar el Subsistema de Educación Superior, el Estado no puede ser el único responsable. Por eso se propone que las empresas productivas del sector público y privado contribuyan de manera significativa con varias necesidades del Subsistema, entre otras: el desarrollo de la planta física y el equipamiento de las instituciones, amén del financiamiento de proyectos de investigación que éstas generen y de postgrados y cursos de perfeccionamiento para su personal. Ese financiamiento puede ser debidamente canalizado a través de una Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Investigación (LOCTI) reformada, para volver a sus positivos criterios y parámetros originales. Y también los profesionales egresados de las universidades públicas deben contribuir con el financiamiento de las mismas, mediante la creación de un "Impuesto de solidaridad intergeneracional". Ese impuesto equivaldría al uno por ciento del salario percibido por tales profesionales durante el ejercicio de su vida laboral.

Por otra parte, también será necesario transformar ciertos rasgos del vetusto modelo laboral-gerencial de las universidades para disminuir grandemente despilfarros e ineficiencias en el uso de los recursos financieros. Entre otras medidas, proponemos: A) establecer sistemas obligatorios de evaluación y acreditación de los programas de las instituciones del Subsistema; B) las universidades y el resto de las instituciones del subsistema deben funcionar integradas en redes regionales, sin desmedro de sus autonomías, para optimizar el uso de sus recursos físicos, financieros y humanos; C) los salarios de los docentes e investigadores deben incrementarse, para volver a generar y estabilizar generaciones académicas de relevo. En concreto, el profesor Instructor debería devengar al menos el equivalente a cuatro salarios mínimos y el profesor Titular debería devengar al menos diez salarios mínimos. Pero los salarios no deben establecerse solo en función de los denominados "tiempos de permanencia", sino en función de precisas y permanentes evaluaciones del desempeño de las tareas de enseñanza-aprendizaje, extensión y gerencia y de la evaluación de los productos de las tareas de investigación; D) el tiempo de trabajo necesario para alcanzar la jubilación de los profesores e investigadores universitarios debería alargarse hasta los 35 años de servicio; E) se debe extraer del presupuesto de las instituciones el rubro del pago del personal pasivo, creando un sistema nacional de pago y un Fondo Nacional de Jubilaciones que garantice el cumplimiento de una política de jubilaciones y los derechos de los trabajadores.


¡Participa!
  Envíanos tus comentarios
El Universal no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los comentarios aquí publicados son responsabilidad de quién los escribe.
El Universalno permite la publicación de mensajes anónimos o bajo seudónimos.
El Diario El Universal se reserva el derecho de editar los textos y de eliminar aquellos que utilicen un lenguaje no apropiado y/o que vaya en contra de las leyes venezolanas.
  • Siguenos desde:
  • |
  • |
  • |