El pasado fin de semana los ministros de finanzas de los países miembros del G7 acordaron un impuesto mínimo de 15% a las empresas multinacionales. Una repuesta común al incremento de los ingresos e influencia de estas corporaciones, y una fuente alternativa de financiamiento para los gobiernos que han evidenciado una abrupta reducción de sus recursos.
En este acuerdo se presenta la tasa mínima que se cobrará a dichas empresas, así como las disposiciones relativas a nuevos gravámenes a las multinacionales. De esta manera, constituye un primer esfuerzo multilateral que marca el camino hacia un acuerdo mucho más amplio donde pueden participar la mayoría de los países del mundo. Además, es una muestra del interés de los países por adaptar sus sistemas tributarios a la nueva dinámica del comercio transfronterizo.
El acuerdo se presentará, del 30 de junio al 1 de julio, a los 139 países que negocian las normas de tributación transfronteriza en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como a los representantes de los países del G20. Este esfuerzo busca un consenso acerca de la tasa mínima, la base imponible y la posibilidad de implementar nuevos impuestos de esta naturaleza.
La aprobación por parte de estos grupos de países —OCDE y G20— significaría que las mayores economías del mundo aplicarían el impuesto y su alcance sería mundial, con lo cual la actividad empresarial y los movimientos de fondos a nivel global estarán condicionados por un nuevo tributo. Este nuevo impuesto reducirá los incentivos que tienen las empresas multinacionales a movilizar sus ganancias hacia regiones del mundo donde enfrentan menor carga fiscal. De igual forma, incrementará la importancia de las medidas que cada país tome en materia de gobernanza medioambiental, social y corporativa para atraer inversiones.
Por otra parte, son grandes retos que debe superar esta iniciativa: a) las condiciones de su aplicación, b) el rol que tendrá cada país, y c) la definición o no de excepciones. Con respecto a su aplicación, sigue siendo necesario llevar las conversaciones sobre impuestos internacionales hacia el ámbito de cómo repartir los derechos de los gobiernos a gravar los ingresos de las empresas multinacionales, debe circunscribirse únicamente a las ganancias excedentarias o, por el contrario, será para todas las ganancias. En este aspecto, aún faltan por concretarse muchos parámetros, por ende, será fundamental la creación de espacios para escuchar las posiciones de empresas y gobiernos.
En relación con el rol de cada país, la idea inicial es que el impuesto mínimo se aplique país por país, en lugar de un promedio de los países en los que opera una empresa. Un enfoque que se considera afectará a los paraísos fiscales y dará a los países el derecho de añadir impuestos adicionales sobre las utilidades de las empresas cuando sus tasas impositivas sean inferiores al mínimo global.
Y, considerando el impacto del impuesto global sobre la inversión en una economía mundial en recesión, los países proponentes no han llegado a un acuerdo acerca de la posibilidad de incluir excepciones. Al respecto, hay países que consideran que este acuerdo fiscal no debe aplicarse a todos los sectores, sobre todo para evitar los desincentivos que pueda crear para la investigación y el desarrollo, o al uso de zonas económicas creadas para atraer inversiones. En este sentido, se está considerando excluir a los servicios financieros y a las industrias extractivas, debido a que la mayoría de empresas de estos sectores pagan impuestos y derechos por adelantado a los gobiernos de los países donde se encuentran.
@ajhurtadob
En este acuerdo se presenta la tasa mínima que se cobrará a dichas empresas, así como las disposiciones relativas a nuevos gravámenes a las multinacionales. De esta manera, constituye un primer esfuerzo multilateral que marca el camino hacia un acuerdo mucho más amplio donde pueden participar la mayoría de los países del mundo. Además, es una muestra del interés de los países por adaptar sus sistemas tributarios a la nueva dinámica del comercio transfronterizo.
El acuerdo se presentará, del 30 de junio al 1 de julio, a los 139 países que negocian las normas de tributación transfronteriza en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como a los representantes de los países del G20. Este esfuerzo busca un consenso acerca de la tasa mínima, la base imponible y la posibilidad de implementar nuevos impuestos de esta naturaleza.
La aprobación por parte de estos grupos de países —OCDE y G20— significaría que las mayores economías del mundo aplicarían el impuesto y su alcance sería mundial, con lo cual la actividad empresarial y los movimientos de fondos a nivel global estarán condicionados por un nuevo tributo. Este nuevo impuesto reducirá los incentivos que tienen las empresas multinacionales a movilizar sus ganancias hacia regiones del mundo donde enfrentan menor carga fiscal. De igual forma, incrementará la importancia de las medidas que cada país tome en materia de gobernanza medioambiental, social y corporativa para atraer inversiones.
Por otra parte, son grandes retos que debe superar esta iniciativa: a) las condiciones de su aplicación, b) el rol que tendrá cada país, y c) la definición o no de excepciones. Con respecto a su aplicación, sigue siendo necesario llevar las conversaciones sobre impuestos internacionales hacia el ámbito de cómo repartir los derechos de los gobiernos a gravar los ingresos de las empresas multinacionales, debe circunscribirse únicamente a las ganancias excedentarias o, por el contrario, será para todas las ganancias. En este aspecto, aún faltan por concretarse muchos parámetros, por ende, será fundamental la creación de espacios para escuchar las posiciones de empresas y gobiernos.
En relación con el rol de cada país, la idea inicial es que el impuesto mínimo se aplique país por país, en lugar de un promedio de los países en los que opera una empresa. Un enfoque que se considera afectará a los paraísos fiscales y dará a los países el derecho de añadir impuestos adicionales sobre las utilidades de las empresas cuando sus tasas impositivas sean inferiores al mínimo global.
Y, considerando el impacto del impuesto global sobre la inversión en una economía mundial en recesión, los países proponentes no han llegado a un acuerdo acerca de la posibilidad de incluir excepciones. Al respecto, hay países que consideran que este acuerdo fiscal no debe aplicarse a todos los sectores, sobre todo para evitar los desincentivos que pueda crear para la investigación y el desarrollo, o al uso de zonas económicas creadas para atraer inversiones. En este sentido, se está considerando excluir a los servicios financieros y a las industrias extractivas, debido a que la mayoría de empresas de estos sectores pagan impuestos y derechos por adelantado a los gobiernos de los países donde se encuentran.
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