Pensadores y juristas como Luigi Ferrajolli, ante el fracaso de políticas eficaces de las naciones y de los organismos internacionales, ha propuesto la necesidad de una Constitución de carácter Universal para la protección de los derechos fundamentales de todos los seres humanos. El jurista italiano propone una “Constitución de la Tierra” como alternativa ante problemas de carácter mundial como las pandemias y las nuevas exigencias del cambio climático. Una de sus obras fundamentales es el “Constitucionalismo más allá del Estado” donde afirma la necesidad de la supranacionalidad y señala el ejemplo que ha constituido para el mundo la Unión Europea. Este paradigma de la integración fue creado en 1957 por Alemania; Bélgica; Francia; Italia; Luxemburgo y Países Bajos como Comunidad Económica Europea. En el año 2000 como Unión Europea y con el imperativo de la ciudadanía común alcanzó a 15 miembros, hoy en el 2021 lo integran 27 Estados con valores esenciales como el respeto a la dignidad humana; la libertad; la democracia: la igualdad; el Estado de Derecho y el respeto a los Derechos Humanos. En un área cercana de 54 millones de km2 conviven cerca de 500 millones de habitantes con sistemas democráticos y desarrollo económico; científico y tecnológico. El espíritu integracionista los condujo en octubre de 2004 a considerar una Constitución para toda Europa, sin embargo dentro del espíritu de la unanimidad al no ser ratificada por Francia y Países Bajos en el referéndum en el año 2005 se opto por la vía tradicional de los Tratados Multilaterales tomando en consideración y perfeccionando el Tratado de Roma de 1957; el Acta Europea de 1986; el Tratado de Maastricht de 1992; el Tratado de Ámsterdam 1997 y el Tratado de Niza del 2001. El Parlamento Europeo y los gobiernos optaron por la vía de una nueva convención denominada Tratado de Lisboa, el cual se firmó en Lisboa el 13 de diciembre de 2007.

 
Dos exigencias para cualquier Estado miembro son fundamentales, la plena democracia y el desarrollo económico y social. El Estado de Derecho Europeo se basa en el derecho de las naciones y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todos los Estados europeos pueden adherirse a la Unión con la aprobación de los Parlamentos nacionales y el propio Parlamento Europeo. La incorporación o la desincorporación es una decisión soberana de los Estados dentro de su propio orden jurídico, así ocurrió por primera vez con el Reino Unido en el denominado “Brexit” cuyo gobierno después de la consulta a la ciudadanía por vía de referéndum concretó su retiro el viernes 1 de febrero de 2020. Igualmente, establece la posibilidad de la suspensión de cualquier Estado que atente contra los valores fundamentales de la Unión.

 
Un logro esencial es el establecimiento de la ciudadanía europea, restringida a aquellas personas que posean la nacionalidad de un Estado miembro sin reemplazar la original. Pero con derechos tales como: circular y permanecer en el territorio europeo; el derecho a votar y presentarse como candidatos en las elecciones municipales y europeas en el país donde resida; la protección diplomática y consular; el acceso a la justicia y al recurso del Defensor del Pueblo Europeo; la posibilidad de dirigir peticiones a los órganos de consulta de la UE; la libertad de opinión y el derecho de acceder a los documentos de las instituciones europeas; en este sentido se han establecidos los principios de la igualdad de todos los ciudadanos y de la democracia representativa con la existencia de un Parlamento Europeo con la plena actividad de los partidos políticos; así como el principio de la democracia participativa y la transparencia en las decisiones de todos los organismos.

 
Las experiencias en nuestro continente de la Comunidad Andina; Mercosur; el Sistema de Integración Centroamericano; del Caricom; del ALBA; Parlasurr y Celac necesitan reformularse y adaptarse a las nuevas realidades tomando en consideración las experiencias del proceso europeo entre cuyos objetivos han estado siempre la promoción de la paz, los valores y el bienestar de sus pueblos; la existencia de un espacio de seguridad, libertad y justicia sin fronteras; la configuración de un mercado interno con un desarrollo sostenible hacia un crecimiento económico equilibrado con una economía de mercado pero con pleno empleo y progreso social; progreso científico y tecnológico; inclusión y evitar la discriminación; justicia y protección social; respeto a la diversidad cultural; compromisos en materia ambiental y la posibilidad de una carta ecológica continental; y finalmente poder establecer como los europeos con el euro, una unión económica y monetaria.

 
Con una real integración y voluntad política con los gobiernos y la sociedad civil y nuestros inmensos recursos bien administrados, podríamos convertirnos en un nuevo factor del Orden Mundial. 

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