En este artículo usamos la distinción entre “ocupar un espacio que controlo” vs “constituir un espacio compartido”. El primer término puede ser rastreado a partir de Maquiavelo, el segundo es afín al pensamiento contractual y republicano.

Toda práctica pública, piensa Maquiavelo, correlaciona fuerzas y razones; el campo político requiere de acciones y relaciones políticas. El objeto de la política es cómo conquistar el poder, cómo conservarlo y potenciarlo y requiere, en general, de la centralización de las fuerzas gubernamentales esenciales: las leyes, los actores, las armas (físicas o discursivas) y el territorio que se controla. El genuino ejercicio de la política no es entronizarse en el espacio público, sino instituir los ordini, el orden institucionalizado, estando constantemente consciente de la conjura y los pactos; por ello, es esencialmente una actividad relacional y territorial. Obsérvese que si los actores políticos son movidos por una voluntad discrecional los ordini quedan debilitados, pues ellos requieren de una voluntad institucionalizadora: no es el mero realismo político lo que sugiere Maquiavelo, pues la sostenibilidad pública, que requiere de las instituciones, trasciende la mera presencia de actores interesados.

El puro interés, en ausencia de algún fundamento de moral pública, transforma a los actores políticos en individuos eminentemente racionales, con debilitamiento de la necesaria razonabilidad para la sostenibilidad del espacio público. De allí la necesidad de la ley, que insufla del espíritu de la legalidad a la acción y relaciones políticas. Pero las leyes necesitan de la responsabilidad para que puedan cumplirse, por tanto, la constitución de lo público requiere de algún mecanismo para instituir un acuerdo político explícito, imparcial y equitativo. Ese es el fundamento del contractualismo entendido en su vertiente contemporánea: la legitimidad institucional instaura el espacio público compartido antes de ser plasmado en la ley. El republicanismo asume que el ejercicio cívico de ciudadanos comprometidos preserva esa concepción de la convivencia.

Los espacios públicos en los cuales convivimos son la escuela, la academia, la sociedad, etc. La territorialidad en las universidades ha derivado en los claustros, en el control discrecional de los procedimientos académicos y administrativos. Así se ha enfatizado el titulismo, en vez de las competencias; el control de la información y de las decisiones, en lugar de la construcción dialógica; las calificaciones, en vez de espacios democráticos deliberativos.

El sesgo inherente a esa postura aplica a los partidos políticos y a cualquier asociación. En consecuencia, en lugar de acuerdos imparciales, tenemos la constitución de pactos regidos por lealtades interesadas alejadas de la equidad.

La noción de sesgo, tomada de la Economía conductual, conduce a lo que nuestros coetáneos del XIX denominaban “vicios”. Cecilio Acosta dijo al respecto: “La mayor parte de estos vicios… nacen de que aún no hemos querido entrar en las verdaderas prácticas republicanas, en la discusión pacífica del derecho, en los usos respetables de asociación… en la representación como reclamo, dejando con esto petrificarse los abusos y agravarse los males públicos…”. (Discusión con Clodius, Caracas, 16/12/1867)