Durante décadas el país se llenó de legislación que lo plagó de ineficiencia e improductividad; esa “corriente” legislativa se alimentaba de tres fuentes: de una parte, hacer demagogia (con los trabajadores, con los consumidores, con los arrendatarios, etc.), de otra, la creación o articulación de mecanismos de poder de la clase política (actividades reservadas, licencias, permisos, etc.); y, por último, estaban, por aquí y por allá unos pocos abrazados al dogma socialista: los que creen que la actuación de los particulares se puede dirigir desde el Estado, bajo el antojado principio de justicia que Ellos han asumido (fijación de los precios de lo que ellos no venden, por ejemplo). Venezuela pudo financiar toda esa locura con la renta petrolera. Ahora bien, con esas leyes, o por esas leyes, se integraron al ideario nacional falsedades, como la necesidad de estatizar la industria petrolera, o la retroactividad del cálculo de las llamadas “prestaciones” de los trabajadores, por sólo citar dos; y si eso fue falta grave de la “Cuarta República”, la gente del chavismo -mucho menos dotada de una visión y un proyecto de país (dime de qué te ufanas y te diré de qué careces)- le entró a la misma práctica con renovadas, mayores y más impúdicas fuerzas. La renta petrolera se acabó.