Los pueblos de América Latina y el Caribe están atravesando un momento crítico en la defensa de sus modelos democráticos mientras los sacuden los violentos efectos que han desencadenado la pandemia del Covid-19. La región históricamente se ha caracterizado por tener elevados niveles de desigualdad así como también una sociedad marcada por la pobreza y la corrupción. Con gran disparidad en los países que lo integran, la pobreza continúa siendo un eje en torno al cual se configuran la mayoría de las iniciativas políticas. La pobreza no es un fenómeno independiente de las desigualdades económicas, y aunque su reducción es un imperativo moral, ético y jurídico, aún no está claro cual es el camino que garantice la mayor suma de bienestar para toda la sociedad.

¿Cuál es el debate que se está dando en la región sobre los criterios de bienestar adecuados para abordar la situación y ofrecer una alternativa a la profunda desigualdad social que se vive? ¿Aquellos que abogan por una sociedad con mayor equidad desean acabar realmente con la pobreza? ¿Cuál es la vía más idónea para reducir la pobreza en la actual coyuntura, donde millones de latinoamericanos sufren hambre?

La región latinoamericana agrupa territorios con una significativa abundancia de recursos naturales, extensas selvas y fértiles llanuras, amplias costas y zonas marítimas, abundantes ríos y contando con una de las más grandes reservas de agua potable del mundo, así como yacimientos de minerales, petróleo y de gas, aun así resulta ser paradójico los altísimos niveles de pobreza extrema y desigualdad. Este panorama invita a plantearse muchas preguntas: ¿Cómo enfrenta este continente los desafíos políticos y económicos para fortalecer sus procesos democráticos garantizando no sólo los derechos individuales y políticos a sus ciudadanos, sino también los económicos, sociales y culturales? ¿Cómo se aborda desde una de las regiones con mayor desigual del mundo los problemas de pobreza y de hambre? ¿Cómo reducir efectivamente la pobreza presente en Latinoamérica y cuáles son los contrasentidos asociados a muchas políticas que persiguen el desarrollo?

Particularmente en el caso de Venezuela, inserta en la realidad latinoamericana, la pobreza ha ido alcanzando grandes proporciones a consecuencia del agravamiento de la crisis, debido a la incapacidad de aprovechar adecuadamente el gran flujo de recursos en el auge de los precios de las materias primas. Esto en parte tiene su origen en, la irresponsabilidad de los líderes nacionales en la gestión de recursos público, arrastrando con ello al país a un contexto de colapso generalizado.

Resulta alarmante los índices de pobreza que se evidencian actualmente en Venezuela, quizás aún más por las repercusiones que esto desencadena en el sector productivo, porque una sociedad pobre viene asociada a una nutrición deficiente, una menor preparación educativa, y en consecuencia, una reducción en su capacidad para producir, afectando negativamente el desempeño económico; es decir la efectividad y eficiencia del trabajo disminuiría en tal proporción, que disminuye las probabilidades de salir de una profunda crisis rápidamente.

La pandemia llega en un momento en el cual Venezuela no tiene recursos para responder a sus obligaciones, y en el cual su población ha estado sometida a un empobrecimiento sostenido, caracterizado por acceso limitado a opciones de empleo, siendo en algunos caso imposible o prohibitivo permitirse el desempeño de labores a vía remota. El agravamiento de la crisis social y humanitaria apunta inevitablemente a significativo aumento de sus dimensiones.

En el sector privado, vuelve la incertidumbre sobre el rumbo de los acontecimientos, la solución de los conflictos institucionales y la posibilidad de percibir retornos de inversión que hagan sostenibles los negocios. Tras años de experiencia, el ciudadano promedio sabe que las políticas del régimen con frecuencia vienen asociadas con el retorno de los mercados negros y las regulaciones, acciones que no solo dificultan el acceso a los bienes, sino que además incrementan los costos de adquisición.

La política de control precios ha sido tradicionalmente una política nefasta. Pero, en años anteriores, el Estado contaba con instituciones dotadas con los suficientes recursos para emprender un seguimiento exhaustivo de los precios, en buena parte importante de los establecimientos donde se expenden productos prioritarios. Hoy tales instituciones se encuentran moribundas, hasta tal punto que resulta fácil advertir que el gobierno venezolano carece del músculo técnico y financiero requerido. La economía venezolana está en su momento más vulnerable y el impacto podría ser decisivo para gran parte de los sectores económicos que sobreviven a los embates de la crisis.

En fin, la situación venezolana se agrava por la peste china (Coronavirus), las decisores se encuentran frente a una disyuntiva sin solución aparente: por una parte mantener la cuarentena obligatoria, con el costo de agravar la situación de pobreza y hambre en la que viven millones de venezolanos, o flexibilizar las medidas adoptadas frente a la pandemia, y poner en riesgo de contagio a una población que no cuenta con condiciones sanitarias para prevenir el contagio ni con un sistema de salud capaz de responder en caso de complicarse la crisis.

@eccioleonr