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¿Quién manda?

En los tribunales penales existen otra serie de variantes que influyen en las demoras y en la rapidez de las decisiones, como por ejemplo el traslado del procesado...

  • REINALDO GADEA

21/02/2020 05:00 am

La pregunta la formularon a un grupo de abogados a raíz de la exhortación efectuada por el Presidente Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente el día 31 de enero, cuando se llevó a cabo la ceremonia de comienzo del año judicial en la sede del TSJ y en presencia de los 32 Magistrados que lo integran; de realizar una reforma profunda al Poder Judicial, y dio la impresión que ninguno de ellos estaba al tanto del deseo presidencial.

Primero hay que decir que no pareció una exhortación, señaló un profesional del derecho, al tratar de dar respuesta a la interrogante formulada, pese a que se supone que el Poder Constituyente –según los oficialistas- es supraconstitucional, y por tanto, no sometido a ninguno de los poderes constituidos.

Más bien fue una especie de orden, pues el Primer Mandatario dijo: “Que la ANC asuma” y nombre una alta comisión para hacer una reforma profunda del Poder Judicial y llevar a un cambio a todas sus estructuras, presidida por Delcy Rodríguez. Estando presente Diosdado Cabello, quien preside ese la ANC, fue instado a que cambien el sistema de justicia y sus postulados de manera integral.

Hay que señalar dos detalles, continuó el abogado, primero, la ausencia del Presidente de la AN, lo que llama la atención porque por el diálogo designaron al diputado de Luis Parra para el ejercicio de ese cargo; segundo, Maduro, luego congratular tanto al Fiscal General y al Magistrado que preside el TSJ, dijo vehementemente que la gente quiere más y mejor justicia como también una mejor Fiscalía. No hay duda, afirmó, nuestro Presidente es un gran político, e indicó no tener la menor duda que quien manda en Venezuela es Nicolás Maduro Moros.

Otro jurista presente señaló que se trató de un exhorto y no una orden, y es que el país requiere, evidentemente, de una reforma del sistema judicial que haga realidad los postulados del artículo 26 de nuestra Carta Magna. Allí se establece que la justicia debe ser gratuita, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. Nada de eso está presente.

Consideró el legista que la gratuidad es a medias; la imparcialidad se ve a veces; transparente y responsable es para el que gane el litigio, no para el que lo pierde; autónoma e independiente lo es dependiendo de los intereses que estén en juego. Lo que si no es, es expedita y sin dilaciones indebidas, ya que la mayoría de los pleitos son, en definitiva, controversias que producen incidencias, pruebas, y ambas partes tienen el denominado ejercicio del Derecho a la Defensa y al Debido Proceso, que están consagrados como derechos inalienables en el artículo 49 de nuestro pacto social. Por supuesto, que eso de expedita y sin dilaciones, en materia civil y mercantil, depende no solo del juez de la causa, sino de la voluntad de las partes. Tomen en cuenta que quien solicita justicia es porque la contraparte no le reconoce un derecho, el primero está siempre apurado, mientras que el demandado no tiene apremio. 

En los tribunales penales existen otra serie de variantes que influyen en las demoras y en la rapidez de las decisiones, como por ejemplo el traslado del procesado, al cual Chávez le puso remedio con la contumacia, recurso usado por los defensores. 

Uno de los temas a tomar en cuenta, si se hace la referida reforma, es lo que hoy no existe, la olvidada y apartada carrera judicial, que es absolutamente importante, imprescindible, para acabar de una buena vez con la dedocracia, y otro, los salarios y condiciones de trabajo de jueces y fiscales, porque, amor con hambre no dura.

@gadeaperez
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