La creación del Banco Central de Venezuela fue develada por el presidente Eleazar López Contreras en su histórico Programa de Febrero de 1936. Fue propuesta por su ministro de Hacienda, el economista merideño Alberto Adriani (“La crisis, los cambios y nosotros”, 1931): “Un Banco Central de Emisión… podría dar mayor solidez… a nuestro sistema monetario, y permitir la unidad y la efectividad del control sobre la tasa de descuento y sobre nuestro cambio”.
No había un Instituto Emisor. La banca privada emitía monedas y billetes. López, artífice de la transición democrática de Venezuela, encargó al ministro de Fomento, Manuel Egaña, dirigir la comisión presidencial responsable de redactar el proyecto de Ley. El general civilista presentó el proyecto al Congreso Nacional, el cual fue discutido y sancionado. El 8 de setiembre de 1939, el presidente le puso el ejecútese.
Se suscitó un gran debate nacional sobre la conveniencia de crear un banco central. Banqueros notables se opusieron. Tenían el temor, no infundado, de que la emisión de dinero sin respaldo por parte de un gobierno para financiar sus déficits fiscales, causaría inflación y devaluación de la moneda. Argüían que la banca privada estaba mejor dotada para proteger a los ahorristas, resguardar el bolívar, evitar la inflación, garantizar la estabilidad monetaria y fomentar el desarrollo económico del país.
El Dr. M.O. Romero Sánchez interpuso una demanda de nulidad de la Ley ante la Corte Federal y de Casación (Corte Suprema), declarada sin lugar el 20 de diciembre de 1940. Los bancos acataron el fallo y retiraron los billetes y monedas en circulación, vendiendo sus reservas de oro al BCV. Dos calificados bancos entregaron su efectivo; pero rehusaron vender su oro. El litigio culminó en 1956, cuando se resolvió a favor de la nación.
Este proceso judicial es indicativo no sólo del respeto por el Estado de Derecho que siempre practicó el estadista tachirense, sino de las bondades que se derivan del acatamiento del principio de legalidad en un país civilizado, conforme al cual las partes en litigio se sienten seguras ante un Poder Judicial autónomo, al confiarle la solución de una materia de tanta trascendencia tanto para los banqueros demandantes como para la República.
@lxgrisanti
No había un Instituto Emisor. La banca privada emitía monedas y billetes. López, artífice de la transición democrática de Venezuela, encargó al ministro de Fomento, Manuel Egaña, dirigir la comisión presidencial responsable de redactar el proyecto de Ley. El general civilista presentó el proyecto al Congreso Nacional, el cual fue discutido y sancionado. El 8 de setiembre de 1939, el presidente le puso el ejecútese.
Se suscitó un gran debate nacional sobre la conveniencia de crear un banco central. Banqueros notables se opusieron. Tenían el temor, no infundado, de que la emisión de dinero sin respaldo por parte de un gobierno para financiar sus déficits fiscales, causaría inflación y devaluación de la moneda. Argüían que la banca privada estaba mejor dotada para proteger a los ahorristas, resguardar el bolívar, evitar la inflación, garantizar la estabilidad monetaria y fomentar el desarrollo económico del país.
El Dr. M.O. Romero Sánchez interpuso una demanda de nulidad de la Ley ante la Corte Federal y de Casación (Corte Suprema), declarada sin lugar el 20 de diciembre de 1940. Los bancos acataron el fallo y retiraron los billetes y monedas en circulación, vendiendo sus reservas de oro al BCV. Dos calificados bancos entregaron su efectivo; pero rehusaron vender su oro. El litigio culminó en 1956, cuando se resolvió a favor de la nación.
Este proceso judicial es indicativo no sólo del respeto por el Estado de Derecho que siempre practicó el estadista tachirense, sino de las bondades que se derivan del acatamiento del principio de legalidad en un país civilizado, conforme al cual las partes en litigio se sienten seguras ante un Poder Judicial autónomo, al confiarle la solución de una materia de tanta trascendencia tanto para los banqueros demandantes como para la República.
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