Una de las definiciones de corrupción, deja claro que en el acto puede intervenir un funcionario público o no. Veamos. La corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Se entiende como corrupción política al mal uso del poder público, por parte de un empleado en funciones, para obtener una ventaja ilegítima con participación de particulares.
No hay una corrupción buena ni tampoco una mala. Ni mucho menos mejor o peor, según la tendencia que cometa el delito. Por eso el perjuicio en términos políticos que genera la corrupción en el sector delincuente es bestial. Es el caso de los recientes hechos en los que están involucrados varios parlamentarios de oposición. Le mató las pulgas hasta al propio Guaidó. Tanto es así que tuvo que salir papá Estados Unidos a aclarar las cosas. A propósito veamos un artículo de prensa reciente que aborda la materia:
“La presunta trama de corrupción denunciada por el portal web Armando.Info continúa impactando en la población venezolana. De acuerdo con el último estudio de la firma Hercon Consultores, 73,16% de los ciudadanos opositores siente indignación ante esos hechos.
Mientras que en el caso de las personas no alineadas a partidos políticos, la cifra llega a 70,81% de esa tendencia negativa.
La encuesta fue realizada entre el 1° y 5 de diciembre por teléfono a 1.000 ciudadanos de todos los estratos sociales, en el ámbito urbano y rural, –421 opositores, 365 no alineados y 213 oficialistas–. El estudio tiene margen de error de 4,8% y 90% de confiabilidad.”
Humberto Calderón Berti, el día de su declaración pública, habló de desviación de fondos y falsificación de facturas, prostitución y alcohol. Nada más. Y casi de inmediato aparece el otro caso que involucra prácticamente a toda la Comisión de Contraloría señalada de exonerar a muy conocidos enchufados corruptos, corruptores y socios de altos personajes del régimen, de supuestos delitos cometidos en las adquisiciones de los alimentos para las cajas Clap. Eso a cambio de algo, obviamente.
Pero, ya que la oposición está agarrando fama de mañosa, vale la pena recordar algunos de los casos más sonados de la robadera chavista hace un par de años, solo como para emparejar las acciones. Lo siguiente está tomado, en fragmentos, de una nota originalmente publicada en el portal elestímulo.com
Estos son los 10 escándalos de corrupción que sacudieron a Venezuela en 2017
“La ONG Transparencia Venezuela, una asociación que se dedica a promover procedimientos, condiciones, y factores para prevenir y disminuir la corrupción, presentó este jueves 31 de mayo el Informe Anual de Corrupción 2017
El documento recoge los diez casos de corrupción más emblemáticos dentro de la administración pública venezolana donde figuran varias empresas y entes estatales como Pdvsa, Petrozamora, Bariven, Cencoex, el Saime, el Ministerio Público e incluso la Contraloría General de la República.
De acuerdo con el último Índice de Percepción de Corrupción que emite la ONG Transparencia Internacional, Venezuela se ubicó en el puesto 169 de los 180 países dentro de la categoría “muy corrupto” que conforman la lista.
Contrataciones ilícitas, evasión de procesos licitatorios, asociación para delinquir, sobornos, y legitimación de capitales son algunos de los tantos delitos que cometieron dueños de empresas relacionadas con materiales para la refinería del crudo, energía y gas, entre otros. La mayoría de los entramados de corrupción estarían relacionados con empresas transnacionales.
Pdvsa: adquisición de vehículos con sobreprecio. El 10 de julio de 2017, el Ministerio Público (MP) imputó a Orlando Enrique Chacón Castillo, quien fue el ex presidente de la Contraloría General de la República (CRP) y ex director interno de la estatal petrolera, Pdvsa por “la presunta adquisición irregular de dos vehículos con sobreprecio durante su gestión como director ejecutivo de exploración de Pdvsa”.
La pesquisa realizada por el MP arrojó que el sobreprecio de los carros fue de 51,03%, ya que el monto de la facture de cada contrato en moneda nacional era equivalente a Bs 166.392.101,5, mientras que el costo en el mercado de dichos vehículos era de Bs 84.918.887,50.
Complejo José Antonio Anzoátegui TAECJAA. En el año 2012, Rafael Ramírez, Eulogio del Pino y Pedro León, las máximas autoridades de Petróleos de Venezuela, acordaron la procura de dos monoboyas marca Blue Water, así como la desinstalación, instalación y capacitación técnica de las mismas por un monto de setenta y seis millones de dólares con el objeto de “incrementar la capacidad y seguridad en la carga del crudo”.
En agosto de ese año, el subcomité de Operaciones de la FPO aprobó la adjudicación directa de USD 49.970.000,00 aunado al monto de la capacitación técnica a la empresa BlueWater Energy Services, una trasnacional holandesa que fabrica monoboyas.
Posteriormente, la empresa neerlandesa subcontrató a la Consultoría de Ingeniería y Proyecto NF, C.A. Ingeproyec NyF, a cargo de Jaime Camargo para la instalación de la monoboya y 11 brazos de carga marina.
Rafael Ramirez y el despilfarro. El 29 de diciembre de 2017, Tareck William Saab declaró que “se suscribieron contratos irregulares” desde la oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, una filial de Pdvsa con sede en Viena, capital de Austria, en los que presuntamente Rafael Ramírez se encuentra involucrado.
Los contratos generaron pérdidas de al menos 4,8 millardos de dólares.
Caso Cuferca. La Constructora Urbano Fermín, CA, resultó beneficiada con 14 contratos de Pdvsa desde el año 2010 hasta el 2016; cinco de ellos con Petrocedeño, una filial de la empresa petrolera estatal venezolana.
El 19 de septiembre de 2017, Carlos Esteban Urbano Fermín, gerente general de Cuferca, fue aprehendido y puesto a la orden de los tribunales por cuatro “presuntos delitos” según el Fiscal General de la república, Tareck William Saab.
El fiscal informó que Urbano y sus dos hermanos (Carlos Eduardo Urbano y Carlos Enrique Urbano) constituyeron 12 empresa en tan solo ocho años. Asimismo, agregó que los ciudadanos adquirieron tres casas de lujo en los canales de Puerto La Cruz, la finca La Urbanera, la finca La Panchita, un apartamento, una flota de 653 vehículos y 229 maquinarias.
Caso Suministro Gramal. Manuel “Coco” Sosa, un actor de telenovelas venezolanas y quien fue novio de María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente Hugo Rafael Chávez Frías, fue condenado a cuatro años de arresto domiciliario por incurrir en delitos de corrupción en la empresa mixta Petropiar.
El caso de la empresa Suministros Gramal, presidida por Sosa, está en la lista principal de los casos de adquisición de bienes y prestación de servicios con sobreprecio, evasión de leyes, normas y procedimientos de contrataciones públicas, incluido el Manual de Normas y Procedimientos de Pdvsa y sus filiales, señala el informe de la ONG Transparencia Venezuela.
El Ministerio Público presentó un documento a mediados del 2017 donde se evidencia que Petropiar adquirió de Suministros Gramal en el 2016, dos impresoras HP Color Laserjet a un costo de USD 321.888,88; cada una con un precio individual de 156.444,44 USD, aunque se presume que los equipos adquiridos son diferentes a los solicitados inicialmente.
Petropiar recibió las impresoras con un sobreprecio de hasta más de trescientos mil dólares, monto con el que se podría adquirir más de 80 impresoras con características parecidas.
Wespro Spare the Oil Industry Corp. A mediados del año 2017, el Ministerio Público presentó un informe donde se observan irregularidades en el contrato que tiene por objeto el “Mantenimiento especializado a sistema de compresión 46-ME-001 A/B/C Pdvsa Petropiar Complejo Criogénico José Antonio Anzoátegui”, del año 2015 por un monto de USD 6.394.290,59 y un plazo de ejecución de un año, suscrito con la empresa Wespro Spare the Oil Industry Corp, presidida por Oval Moreno.
El documento del MP señala que la empresa tenía calidad financiera para ejecutar contratos con el Estado venezolano por montos de 400 y 500 Unidades Tributarias, equivalentes a Bs 600.000 y Bs 750.000, un precio notablemente inferior al de las contrataciones.
Constructora Conkor. La constructora Conkor C.A., ubicada al oeste del país en el estado Anzoátegui, fue “beneficiada” con más de 50 contrataciones con Pdvsa durante la gestión de Pedro León Rodríguez como presidente de la FPO, algunos por montos que sobrepasaban el millardo de dólares, así lo evidenció un reporte del Ministerio Público que saltó a la luz en julio de 2017.
Alejandro Josue Ruíz Mazzeo, presidente de la constructora, y Elías Ramón Koury Guevara, vicepresidente de la misma, fueron imputados por el MP por estar «presuntamente vinculados» con irregularidades registradas con Pdvsa y otras empresas mixtas en el estado Anzoátegui.
Combustible. El 23 de marzo de 2017, Marco Antonio Malavé, ex gerente de Comercio Internacional de Pdvsa, fue privado de libertad por estar presuntamente vinculado con irregularidades en las contrataciones para el suministro de combustible. Funcionarios de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral de Pdvsa, denunciaron que Malavé incurrió en una serie de irregularidades en el protocolo de contrataciones de empresas con buques para el suministro del hidrocarburo al mercado venezolano. Esta situación afectó de manera directa la distribución de combustible en 7 estados del país.
Bariven. El 2 de noviembre del año pasado, William Saab informó que fue detenido Francisco Antonio Jimenez, presidente de Bariven S.A una empresa filial de Pdvsa por “presuntos hechos de corrupción».
Saab afirmó que desde enero hasta septiembre de 2017, en Bariven se produjeron 1.317 alertas por sobreprecios en bolívares y 76 en dólares, que oscilan entre 100 y 98.000 % por encima de su valor real.
“Los montos superan los 10 mil millones bolívares y 119 millones de dólares en contratos con empresas, las cuales muchas ni siquiera califican porque no tienen registro fiscal: son las llamadas empresas de monedero o de koala”, expresó el fiscal.
Cencoex. Entre septiembre y octubre de 2017, el Ministerio Público (MP) reportó 14 casos de “presuntos delitos de obtención ilícita de divisas, uso de documentos públicos falsos, asociación para delinquir y legitimación de capitales. El reporte del MP indica que se realizaron las investigaciones hacia 13 empresas del sector privado y una investigación hacia el analista de Cencoex, Carlos Eduardo Rivas Torres de 21 años de edad, por presuntamente modificar los datos de las personas bloqueadas para solicitar divisas a través de la plataforma digital.
Nueve de las 13 empresas investigadas estarían relacionadas con la importación y/ simulación de importación de productos químicos y materia prima.”
Estos casos resumen el año 2017 y todos fueron encausados por el Ministerio Público. Vaya usted a saber los que quedaron fuera de los mecanismos de justicia. El régimen chavista tiene 20 años en el poder. Saque usted la cuenta.
elidesr@gmail.com
Twitter: @ejrl
No hay una corrupción buena ni tampoco una mala. Ni mucho menos mejor o peor, según la tendencia que cometa el delito. Por eso el perjuicio en términos políticos que genera la corrupción en el sector delincuente es bestial. Es el caso de los recientes hechos en los que están involucrados varios parlamentarios de oposición. Le mató las pulgas hasta al propio Guaidó. Tanto es así que tuvo que salir papá Estados Unidos a aclarar las cosas. A propósito veamos un artículo de prensa reciente que aborda la materia:
“La presunta trama de corrupción denunciada por el portal web Armando.Info continúa impactando en la población venezolana. De acuerdo con el último estudio de la firma Hercon Consultores, 73,16% de los ciudadanos opositores siente indignación ante esos hechos.
Mientras que en el caso de las personas no alineadas a partidos políticos, la cifra llega a 70,81% de esa tendencia negativa.
La encuesta fue realizada entre el 1° y 5 de diciembre por teléfono a 1.000 ciudadanos de todos los estratos sociales, en el ámbito urbano y rural, –421 opositores, 365 no alineados y 213 oficialistas–. El estudio tiene margen de error de 4,8% y 90% de confiabilidad.”
Humberto Calderón Berti, el día de su declaración pública, habló de desviación de fondos y falsificación de facturas, prostitución y alcohol. Nada más. Y casi de inmediato aparece el otro caso que involucra prácticamente a toda la Comisión de Contraloría señalada de exonerar a muy conocidos enchufados corruptos, corruptores y socios de altos personajes del régimen, de supuestos delitos cometidos en las adquisiciones de los alimentos para las cajas Clap. Eso a cambio de algo, obviamente.
Pero, ya que la oposición está agarrando fama de mañosa, vale la pena recordar algunos de los casos más sonados de la robadera chavista hace un par de años, solo como para emparejar las acciones. Lo siguiente está tomado, en fragmentos, de una nota originalmente publicada en el portal elestímulo.com
Estos son los 10 escándalos de corrupción que sacudieron a Venezuela en 2017
“La ONG Transparencia Venezuela, una asociación que se dedica a promover procedimientos, condiciones, y factores para prevenir y disminuir la corrupción, presentó este jueves 31 de mayo el Informe Anual de Corrupción 2017
El documento recoge los diez casos de corrupción más emblemáticos dentro de la administración pública venezolana donde figuran varias empresas y entes estatales como Pdvsa, Petrozamora, Bariven, Cencoex, el Saime, el Ministerio Público e incluso la Contraloría General de la República.
De acuerdo con el último Índice de Percepción de Corrupción que emite la ONG Transparencia Internacional, Venezuela se ubicó en el puesto 169 de los 180 países dentro de la categoría “muy corrupto” que conforman la lista.
Contrataciones ilícitas, evasión de procesos licitatorios, asociación para delinquir, sobornos, y legitimación de capitales son algunos de los tantos delitos que cometieron dueños de empresas relacionadas con materiales para la refinería del crudo, energía y gas, entre otros. La mayoría de los entramados de corrupción estarían relacionados con empresas transnacionales.
Pdvsa: adquisición de vehículos con sobreprecio. El 10 de julio de 2017, el Ministerio Público (MP) imputó a Orlando Enrique Chacón Castillo, quien fue el ex presidente de la Contraloría General de la República (CRP) y ex director interno de la estatal petrolera, Pdvsa por “la presunta adquisición irregular de dos vehículos con sobreprecio durante su gestión como director ejecutivo de exploración de Pdvsa”.
La pesquisa realizada por el MP arrojó que el sobreprecio de los carros fue de 51,03%, ya que el monto de la facture de cada contrato en moneda nacional era equivalente a Bs 166.392.101,5, mientras que el costo en el mercado de dichos vehículos era de Bs 84.918.887,50.
Complejo José Antonio Anzoátegui TAECJAA. En el año 2012, Rafael Ramírez, Eulogio del Pino y Pedro León, las máximas autoridades de Petróleos de Venezuela, acordaron la procura de dos monoboyas marca Blue Water, así como la desinstalación, instalación y capacitación técnica de las mismas por un monto de setenta y seis millones de dólares con el objeto de “incrementar la capacidad y seguridad en la carga del crudo”.
En agosto de ese año, el subcomité de Operaciones de la FPO aprobó la adjudicación directa de USD 49.970.000,00 aunado al monto de la capacitación técnica a la empresa BlueWater Energy Services, una trasnacional holandesa que fabrica monoboyas.
Posteriormente, la empresa neerlandesa subcontrató a la Consultoría de Ingeniería y Proyecto NF, C.A. Ingeproyec NyF, a cargo de Jaime Camargo para la instalación de la monoboya y 11 brazos de carga marina.
Rafael Ramirez y el despilfarro. El 29 de diciembre de 2017, Tareck William Saab declaró que “se suscribieron contratos irregulares” desde la oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, una filial de Pdvsa con sede en Viena, capital de Austria, en los que presuntamente Rafael Ramírez se encuentra involucrado.
Los contratos generaron pérdidas de al menos 4,8 millardos de dólares.
Caso Cuferca. La Constructora Urbano Fermín, CA, resultó beneficiada con 14 contratos de Pdvsa desde el año 2010 hasta el 2016; cinco de ellos con Petrocedeño, una filial de la empresa petrolera estatal venezolana.
El 19 de septiembre de 2017, Carlos Esteban Urbano Fermín, gerente general de Cuferca, fue aprehendido y puesto a la orden de los tribunales por cuatro “presuntos delitos” según el Fiscal General de la república, Tareck William Saab.
El fiscal informó que Urbano y sus dos hermanos (Carlos Eduardo Urbano y Carlos Enrique Urbano) constituyeron 12 empresa en tan solo ocho años. Asimismo, agregó que los ciudadanos adquirieron tres casas de lujo en los canales de Puerto La Cruz, la finca La Urbanera, la finca La Panchita, un apartamento, una flota de 653 vehículos y 229 maquinarias.
Caso Suministro Gramal. Manuel “Coco” Sosa, un actor de telenovelas venezolanas y quien fue novio de María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente Hugo Rafael Chávez Frías, fue condenado a cuatro años de arresto domiciliario por incurrir en delitos de corrupción en la empresa mixta Petropiar.
El caso de la empresa Suministros Gramal, presidida por Sosa, está en la lista principal de los casos de adquisición de bienes y prestación de servicios con sobreprecio, evasión de leyes, normas y procedimientos de contrataciones públicas, incluido el Manual de Normas y Procedimientos de Pdvsa y sus filiales, señala el informe de la ONG Transparencia Venezuela.
El Ministerio Público presentó un documento a mediados del 2017 donde se evidencia que Petropiar adquirió de Suministros Gramal en el 2016, dos impresoras HP Color Laserjet a un costo de USD 321.888,88; cada una con un precio individual de 156.444,44 USD, aunque se presume que los equipos adquiridos son diferentes a los solicitados inicialmente.
Petropiar recibió las impresoras con un sobreprecio de hasta más de trescientos mil dólares, monto con el que se podría adquirir más de 80 impresoras con características parecidas.
Wespro Spare the Oil Industry Corp. A mediados del año 2017, el Ministerio Público presentó un informe donde se observan irregularidades en el contrato que tiene por objeto el “Mantenimiento especializado a sistema de compresión 46-ME-001 A/B/C Pdvsa Petropiar Complejo Criogénico José Antonio Anzoátegui”, del año 2015 por un monto de USD 6.394.290,59 y un plazo de ejecución de un año, suscrito con la empresa Wespro Spare the Oil Industry Corp, presidida por Oval Moreno.
El documento del MP señala que la empresa tenía calidad financiera para ejecutar contratos con el Estado venezolano por montos de 400 y 500 Unidades Tributarias, equivalentes a Bs 600.000 y Bs 750.000, un precio notablemente inferior al de las contrataciones.
Constructora Conkor. La constructora Conkor C.A., ubicada al oeste del país en el estado Anzoátegui, fue “beneficiada” con más de 50 contrataciones con Pdvsa durante la gestión de Pedro León Rodríguez como presidente de la FPO, algunos por montos que sobrepasaban el millardo de dólares, así lo evidenció un reporte del Ministerio Público que saltó a la luz en julio de 2017.
Alejandro Josue Ruíz Mazzeo, presidente de la constructora, y Elías Ramón Koury Guevara, vicepresidente de la misma, fueron imputados por el MP por estar «presuntamente vinculados» con irregularidades registradas con Pdvsa y otras empresas mixtas en el estado Anzoátegui.
Combustible. El 23 de marzo de 2017, Marco Antonio Malavé, ex gerente de Comercio Internacional de Pdvsa, fue privado de libertad por estar presuntamente vinculado con irregularidades en las contrataciones para el suministro de combustible. Funcionarios de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral de Pdvsa, denunciaron que Malavé incurrió en una serie de irregularidades en el protocolo de contrataciones de empresas con buques para el suministro del hidrocarburo al mercado venezolano. Esta situación afectó de manera directa la distribución de combustible en 7 estados del país.
Bariven. El 2 de noviembre del año pasado, William Saab informó que fue detenido Francisco Antonio Jimenez, presidente de Bariven S.A una empresa filial de Pdvsa por “presuntos hechos de corrupción».
Saab afirmó que desde enero hasta septiembre de 2017, en Bariven se produjeron 1.317 alertas por sobreprecios en bolívares y 76 en dólares, que oscilan entre 100 y 98.000 % por encima de su valor real.
“Los montos superan los 10 mil millones bolívares y 119 millones de dólares en contratos con empresas, las cuales muchas ni siquiera califican porque no tienen registro fiscal: son las llamadas empresas de monedero o de koala”, expresó el fiscal.
Cencoex. Entre septiembre y octubre de 2017, el Ministerio Público (MP) reportó 14 casos de “presuntos delitos de obtención ilícita de divisas, uso de documentos públicos falsos, asociación para delinquir y legitimación de capitales. El reporte del MP indica que se realizaron las investigaciones hacia 13 empresas del sector privado y una investigación hacia el analista de Cencoex, Carlos Eduardo Rivas Torres de 21 años de edad, por presuntamente modificar los datos de las personas bloqueadas para solicitar divisas a través de la plataforma digital.
Nueve de las 13 empresas investigadas estarían relacionadas con la importación y/ simulación de importación de productos químicos y materia prima.”
Estos casos resumen el año 2017 y todos fueron encausados por el Ministerio Público. Vaya usted a saber los que quedaron fuera de los mecanismos de justicia. El régimen chavista tiene 20 años en el poder. Saque usted la cuenta.
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