En la actualidad dos acontecimientos mundiales están cambiando esta percepción: la nueva ola proteccionista y la digitalización. Por un lado, la relación entre Estados Unidos y China se enmarca en una creciente competencia estratégica tanto en el ámbito económico-comercial como en seguridad. Y por el otro, las tecnologías digitales: computación cuántica, aprendizaje automático, 5G, entre otras, están transformando la mayoría de los ámbitos de la actividad humana, desde la forma como las personas interactúan entre sí, llegan a la información y aprenden, el modo como se accede a los bienes y servicios, hasta la manera como operan las empresas y los mercados. Así, la confrontación entre países y la digitalización de las actividades económicas y sociales dejan al ciudadano y a las instituciones tradicionales cada vez más vulnerables al dinamismo cibernético y a los ataques malintencionados.

Ello obliga a pensar y actuar en la necesaria interacción entre economía y seguridad. En este sentido, se debe incentivar el esfuerzo privado para garantizar seguridad en los nuevos espacios creados por la nueva tecnología, y promover la identificación de riesgos para avanzar en las formas prácticas de reducirlos. Ambos objetivos combinan ámbitos económicos y sociales, por ende, exige de la participación tanto de actores públicos como privados.

Los desarrollos tecnológicos alcanzados hasta ahora han ocasionado que el mayor riesgo que enfrenta la sociedad es ser vulnerada por intereses públicos o privados. Por ejemplo, de forma análoga a la carrera armamentista del siglo pasado, las capacidades cibernéticas de algunos países y empresas han llegado a un nivel donde cualquier ataque digital liderado por uno de estos actores conducirá a una respuesta por parte de otro. También, los riesgos a la seguridad digital por inversión extranjera en infraestructura digital y telecomunicaciones, que dan espacio para que gobiernos o empresas desactiven la infraestructura y las telecomunicaciones de cualquier país.

A la par, existe una gran preocupación acerca de la capacidad empresarial para reducir los riesgos asociados con el robo de datos personales, desde información del comportamiento de una persona hasta los antecedentes familiares, de salud, finanzas, entre otros. La atención de estos riesgos amerita de mecanismos de protección por parte de cada empresa, respaldados por la aplicación de leyes sobre transparencia corporativa y protección de la privacidad, y apoyados en instituciones sólidas responsables de velar por el cumplimiento de las normas que rigen las actividades en Internet.

El mundo sigue cambiando y el reto es aprovechar estos cambios para actuar y atender los nuevos riesgos, con claridad, creatividad y estrategia. Esto implica que los países y sus gobiernos se involucren, además que las empresas privadas encuentren espacios para actuar en atención a los problemas que generan sus tecnologías. Hoy más que nunca los principios de prosperidad nacional, seguridad y armonía social, importan y se refuerzan con la participación de actores públicos y privados.

@ajhurtadob