En un país en caos donde las instituciones desaparecen, la administración se hunde, los procedimientos se incumplen y la burocracia, la negligencia, la corrupción sustituyeron al Estado, al gobierno, a las autoridades; perdida como está la mística, la responsabilidad, la legalidad y el debido proceso; resulta insólito que debamos dirigirnos a una autoridad para resolver lo que los ciudadanos no pueden obtener sin les asalte la zozobra, la indiferencia de algunos, el aprovechamiento ilícito de muchos.

El Zulia para los venezolanos del siglo XX, en especial por su riqueza, ha significado todo. Contrastando su valor político, económico, social y cultural de otro tiempo con el abandono en el que actualmente se encuentra, inmerso en la más penosa y cada vez difícil subsistencia de sus ciudadanos, sin servicios eficientes, sin autoridades responsables, sin derechos efectivos, amenazada la vida por las mafias que acorralan al Estado y atentan contra la vida ciudadana, indigna lo que ocurre no solamente por sentido de zulianidad sino por elemental sentido de venezolanidad.

¡Cuánta gente del Zulia generoso ha tenido que salir de Venezuela y de otras regiones en procura de una vida decente en medio de una de las diásporas humanitarias más terribles y humillantes del siglo XXI...!.

Para los que están fuera de Venezuela la posesión de un documento, de un título, de una certificación se hace necesaria, urgente, es un derecho humano que se asocia a la propia identidad, a la educación, al trabajo. No hay excusa para que se niegue y dificulte, que se impida y obstaculice cualquier tramitación para que opere entonces la ilegítima y vergonzosa corrupción opuesta a todo sentido y criterio de buena gestión educativa, universitaria, administrativa y ciudadana.

Conozco casos lamentables de no devolución de títulos de bachiller y notas certificadas que deseo plantear a una autoridad responsable, dispuesta a resolver y restablecer el derecho de los egresados que se encuentren en el exterior a no ser estafados por gestores.

De la misma manera, dolorosa como venezolano, he sabido de un caso que me ha presentado una madre de familia que no quizo que citara su nombre, cuyo hijo, poseedor de un altísimo promedio y a punto de graduarse, con escasas 4 materias para concluir su carrera, por falta de profesores la Universidad no le permitió concluir ni el sistema educativo le ofreció ninguna opción adecuada y tuvo intertar proseguir sus estudios en una Universidad privada que exigió comenzar otra vez en el primer semestre. Ante esa realidad, tuvo que salir hacia los Estados Unidos buscando en otro sociedad lo que su patria lo que en la suya no encontró.

Solicito en el caso que menciono, como desearía hacerlo muchos otros, que alguna autoridad sensible, dispuesta, responsable nos responda; que en todos los demás se asuma la responsabilidad funcionarial; que los estudiantes, los obreros, los profesores, los funcionarios, emprendan el rescate de la Universidad; que se conteste como corresponde a los ciudadanos con respeto, eficiencia, formal y oportunamente, con sentido de servicio público como es propio, con absoluta transparencia en los procedimientos, en los tiempos, con ajuste a la legalidad interpretándose la misma a favor de los ciudadanos.
El Derecho Administrativo en el mundo ha establecido principios esenciales que deben gobernar a la gestión: simple, participativa, objetiva, transparente, legal, responsable, pronta, próxima a las demandas e intereses de los ciudadanos a los cuales se debe.

El país, la región y los ciudadanos esperamos la respuesta de la Universidad del Zulia, señor Rector, para que sea ejemplo de virtudes morales, educativas, intelectuales que contribuya a rescatar a Venezuela.

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