La gravedad de la situación de derechos humanos en Venezuela persiste y no se ven síntomas de alguna mejora a corto tiempo por la poca voluntad de quienes detentan el poder de facto de rectificar.
En esas circunstancias se incrementan las adversidades para que las víctimas puedan reivindicar derechos y exigir justicia. Las organizaciones de derechos humanos les acompañamos realizando entre otras actividades una permanente labor de incidencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como también en el Sistema de Naciones Unidas. Me referiré en esta oportunidad al sistema interamericano.
El gobierno de Hugo Chávez decidió en 2012 denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos. Con ello quitó a las victimas la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para presentar casos y a solicitar medidas de protección en el caso de violaciones posteriores a la entrada en vigencia de la denuncia. Maduro le dio continuidad a esa decisión. Los dos gobiernos, contrariando el mandato constitucional de progresividad de los derechos, retrocedieron décadas en materia de derechos y su protección.
Al momento de denunciar la Convención, el gobierno de Hugo Chávez ya se caracterizaba por incumplir las sentencias de la Corte Interamericana y por no implementar las medidas provisionales para proteger la vida e integridad de las victimas beneficiarias. Esa misma práctica y desidia la Mantiene Mauro.
El gobierno de Maduro avanzó mucho más en su política de desproteger. Denunció la Convención de la Organización de Estados Americanos. Su único propósito real al denunciar dicha Convención era debilitar la incidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la actuación internacional del gobierno de Maduro se ha caracterizado por adoptar medidas que favorecen el abuso de poder y frente a ese abuso, las victimas queden más desprotegidas.
Las organizaciones de derechos humanos a pesar de tales adversidades seguimos incidiendo en la dos instancias: Corte y Comisión.
En el caso de la Corte la mantenemos informada del grado de cumplimiento de las sentencias y medidas provisionales dictadas antes de la denuncia de la Convención. Recientemente, por ejemplo, Provea actualizó información a la Corte sobre el caso masacre de El Amparo. Igualmente seguimos acompañando a las víctimas para que sus casos sean presentados, en todos aquellas situaciones donde la violación se produjo antes de la denuncia. Hay organizaciones que en los actuales momentos preparan junto a la Comisión Interamericana casos que próximamente serán presentados de violaciones que se produjeron hace más de una década.
En cuanto a la Comisión Interamericana, realizamos casi el mismo trabajo en cuanto a casos en trámite o decididos y medidas cautelares adoptadas. En días recientes la organización Provea informó a la Comisión sobre el grado de cumplimiento de dos acuerdos amistosos (Haximú y Jubilados de Viasa) y exigió información sobre tres casos más que cursan en esa instancia.
Las organizaciones de derechos humanos además vienen solicitando audiencias y reuniones de trabajo. Para el próximo periodo de secciones de la CIDH en la última semana de septiembre se tienen previstas dos audiencias. Una sobre persecución política y otra sobre Defensa, Doctrina de Seguridad Nacional y violaciones a los derechos humanos.
Además de las solicitudes formales de audiencias y reuniones de trabajo, las organizaciones envían constante información a los comisionados y relatores con el objetivo de mantenerlos al tanto de la situación de derechos humanos en el país. De la misma manera se participa en foros y eventos organizados tanto por la Comisión como por la Organización de Estados Americanos.
Seguiremos manteniendo nuestra actuación en todo lo que sea posible tanto en la Corte como en la Comisión, comprendiendo que son dos instancias que aún pueden actuar y favorecer a las víctimas en Venezuela y ayudar a difundir la situación de los derechos humanos.
@marinoalvarado
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