El diferendo sobre el territorio al oeste del río Esequibo consiste en un reclamo histórico que la República de Venezuela hizo al Reino de la Gran Bretaña, porque en su pasado colonial ese imperio tomó un espacio que no le pertenecía. Desde el descubrimiento la zona formaba parte de las colonias españolas que componían a la Capitanía General de Venezuela, pero a partir del año 1835 los ingleses por medio del explorador Robert Schomburgk levantaron mapas del área, y trazaron unas líneas limítrofes que le adjudicaban unilateralmente a la Gran Bretaña una parte del suelo venezolano. El gobierno nacional alzó su voz contra las pretensiones coloniales, sin mucha capacidad de acción ante el poderoso vecino. En el año 1899 las grandes potencias firmaron en París un acuerdo limítrofe, tomando como referencia líneas trazadas por Schomburgk. Un tribunal formado por norteamericanos, rusos e ingleses produjo un laudo que el presidente venezolano de ese entonces, Ignacio Andrade, denunció como nulo e irrito.
Esa posición se mantuvo persistentemente y en el año 1962 Venezuela denunció ante la ONU el problema limítrofe logrando que cuatro años después, justo antes de otorgarle la independencia a su colonia, la Gran Bretaña aceptara firmar con nuestro país un acuerdo en la ciudad de Ginebra por medio del cual reconoció el reclamo y accedió a buscar soluciones a la controversia. En ese convenio se admitieron los derechos de soberanía venezolana sobre la zona, y ambos países se obligaron a encontrar una solución concluyente, pacífica y honorable para las partes en el diferendo. Se formó una Comisión Mixta que realizó 17 reuniones en 4 años y produjo un informe final. El acuerdo estableció que si no se producía una propuesta satisfactoria, los gobiernos escogerían “uno de los medios de solución pacífica previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas”. Adicionalmente el convenio estipulaba que si las partes no conseguían elegir uno de los medios de solución a la controversia, entonces referirían el tema a un organismo internacional apropiado. Si tampoco se llegaba a un acuerdo en ese punto, lo remitirían al Secretario General de la ONU. Cuatro meses después del informe de la Comisión Mixta los gobiernos de Venezuela y Guyana suscribieron el Protocolo de Puerto España, que impedía hacer valer ninguna reclamación y establecía que el territorio en disputa no podría ser explotado unilateralmente por ninguno de los países involucrados. El Protocolo venció en el año 1982 y el proceso de reclamación continuó su curso. El año pasado el gobierno de Guyana anunció su intención de llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, cosa que el gobierno venezolano y la Asamblea Nacional con mayoría opositora han rechazado públicamente. Esa corte pudiera conocer la solicitud del gobierno guyanés sólo si ambas partes están de acuerdo, cosa que no sucede en este caso.
Una reclamación ancestral tan importante no debe estar sujeta a los vaivenes de la política partidista. Aunque no lo parezca a simple vista el asunto resulta vital para Venezuela, porque si se admitieran las pretensiones del gobierno de Guyana nuestro país correría el riesgo de perder su fachada atlántica. En ese inadmisible panorama los barcos que salen por la desembocadura del río Orinoco tendrían que navegar en aguas extranjeras. Éste reclamo no es solamente por trozos de tierras o mares ricos en minerales, es una defensa a nuestra integridad territorial. Evitemos entonces “partidizar” el tema para convertirlo en un elemento más de la diatriba política. Mantengámonos unidos en defensa de la justicia y de nuestra histórica reclamación.
alvaromont@gmail.com
Siguenos en
Telegram,
Instagram,
Facebook y
Twitter
para recibir en directo todas nuestras actualizaciones