Las sanciones sobre las empresas del Estado y sobre los funcionarios de la administración Maduro son paralizantes en la medida que estos monopolizan las actividades de la economía nacional. Sin embargo, esta puede ser la gran oportunidad para revertir el grado de participación del Estado y de los funcionarios públicos en la economía y abrirla a la iniciativa privada y así recuperar dos décadas de monopolios estatales y de cooperativas y de empresas de producción social que no produjeron nada. Los cortes de luz, agua, falta de mantenimiento de las vías públicas, de los hospitales, de las escuelas, la falta de seguridad personal, falta de materiales de construcción, falta de gasolina y gas para cocinar, y el deterioro de la calidad de vida nada tienen que ver con las sanciones y todo con la ineficiencia del Estado administrando esas empresas encargadas de los servicios. Todas las empresas del Estado pierden dinero desde mucho antes de que las sanciones fueran impuestas. Igualmente, el BCV y la inflación han sido las peores del planeta antes de las sanciones. Y los servicios públicos mencionados pudieran funcionar mejor aun con las sanciones impuestas por el gobierno de Trump. 

Ante las sanciones, la reacción de la administración de Maduro ha sido positiva en el sentido que abrió el mercado cambiario. El mercado cambiario había permanecido abierto solo a los funcionarios públicos y cerrado al resto de los ciudadanos por más de 10 años. Esta rigidez produjo la escasez de todos los bienes y anaqueles vacíos. Solo como consecuencia de las sanciones de Trump los encargados de las políticas públicas abrieron y flexibilizaron el mercado cambiario y liberaron el control de precios. Ahora hay bienes, alimentos y medicinas en los anaqueles, pero falta el poder adquisitivo y empleo para adquirirlos. La única manera de aumentar el empleo y la inversión es devolviendo las empresas expropiadas a los antiguos dueños y respetando la propiedad privada. El sector privado venezolano pudiera rápidamente reactivar la economía si los funcionarios públicos procesan permisologías expeditamente y devuelven a los ciudadanos las empresas incautadas. Si el gasto fiscal es ejecutado con eficiencia y sin crear dinero inorgánico. Si las policías toman acciones contundentes contra la delincuencia. Si las empresas de servicio son manejadas por el sector privado. Incluso las empresas mineras y las petroleras debieran desarrollarse con empresas privadas venezolanas. Así, incluso en caso de un eventual proceso de nuevas elecciones presidenciales, el candidato oficialista, si deja a un lado el marxismo populista de consejos productivos de trabajadores y las empresas de producción social, tendría un mejor programa económico que el de la oposición que todavía piensa endeudar al país con deudas del FMI al estilo Macri. 

@alejandrojsucre