Disolución de hecho
Estamos viviendo, a mi juicio y el de varios analistas políticos nacionales y extranjeros, una disolución lenta, pero permanente, de las instituciones republicanas para constituir un estado de facto
Con asombro hemos presenciado en los últimos meses y, más en las semanas recientes, cómo se va desmoronando el estado de derecho venezolano. A pasos agigantados, el régimen –usando sus estructuras usurpadoras- ha venido restando la poca institucionalidad que aún queda a nuestra república para sustituirla por un “estado de derecho” lo más alejado posible de este nombre. De esta manera, con el uso del Tribunal Supremo de Justicia y sus decisiones; con las actuaciones de la fiscalía y de otros cuerpos del estado, vemos una fina línea entre la libertad y la tiranía. Línea delimitada por la mera interpretación de la norma, sin divisar el fondo de los hechos, ni encontrar en éstos la posibilidad que los presuntos implicados sean eso “presuntos” y que el derecho a la defensa prele por encima del “secuestro” de los individuos puesto que, la libertad constituye un valor fundamental dentro de los regímenes democráticos de derecho y justicia.
La disolución está “decretada”. Este es el instrumento a través del cual se está imponiendo el régimen chavista/madurista en toda la República. La “norma” se hace ley y, mediante ésta, se imponen “los preceptos” a quienes adversan al régimen. En esta situación está la Asamblea Nacional. Al margen de los pormenores que se le han imputado a cada uno de los diputados, los cuales desconozco en detalle y profundidad, la acción parlamentaria requiere de un cierto margen de independencia a fin de poder lograr un trabajo adecuado que permita cumplir a estos ciudadanos, investidos del voto popular, de una fuerza representativa y “protagónica” para el ejercicio de sus funciones. La violación de la decisión del “pueblo soberano” por parte de cualquier órgano de régimen constituye un hecho grave a evaluar por todos los venezolanos. En primer lugar, las instituciones no pueden “recubrirse de la ley” para constituirse en destructores del modo de vida democrático y de justicia de los ciudadanos. Por otro lado, es importante evaluar la supremacía que debe existir entre los órganos del poder público electos directa, popular y protagónicamente por los ciudadanos –presidente, gobernadores, diputados nacionales y regionales, alcaldes y concejales- sobre los miembros designados a órganos de gobierno como el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, entre otros. Si bien la Constitución, las leyes y reglamentos dan a cada cual su espacio, no pueden éstos, flagrantemente, atropellar a aquéllos sin que medie un raciocinio que increpe al ciudadano común a reflexionar sobre lo que está pasando.
Estamos viviendo, a mi juicio y el de varios analistas políticos nacionales y extranjeros, una disolución lenta, pero permanente, de las instituciones republicanas para constituir un estado de facto. En efecto, los regímenes de facto usan estas figuras para ir gradualmente desmontando las instituciones y lograr así perpetuarse en el poder.
Es tarea de todos estar observantes ante esta crisis institucional de Venezuela que viene a sumarse a la gravísima crisis humanitaria que ya padecen nuestros compatriotas.
Luchemos desde nuestra tribuna para alertar lo que ocurre e increpar al régimen nuestro desacuerdo total y nuestro total apego al texto constitucional y sus reivindicaciones sociales y políticas.
¡Adelante!
@rafaelmartinezn
@proyecto_pais
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