Aún cuando el derecho internacional público no prevé entre las categorías de finalización de los Estados la figura del denominado Estado Fallido como si ocurriría específicamente en el caso de disolución o la unión a otro Estado, resulta indudable que la existencia de un Estado y desde luego un “gobierno” debilitado, incoherente, incapaz de resolver los problemas nacionales y de asumir las prestaciones esenciales o como también lo ha señalado la doctrina política: “en situación de fragilidad”, “Estados fracasados”, “Estados débiles”, “Estados en crisis” “vulnerables”, “en descomposición”, por citar algunos términos vigentes, son Estados impedidos de asumir obligaciones internas y compromisos internacionales.