El hambre hoy en Venezuela atenaza y espanta. Tan cierto que para no sufrirla, 4 millones de venezolanos han emigrado y un millón más este 2019 también se irán. Como resolver el hambre requiere de un entorno favorable a la inversión privada en agricultura, se espera del gobierno de transición y sucesivos, liberen de todo yugo a la economía y los mercados, respeten y hagan respetar la propiedad privada, mejoren el marco legal y normativo del sector agropecuario incluyendo un régimen laboral adaptado al trabajo de campo y no al citadino; inviertan en infraestructura agrícola y desarrollo rural, estimulen la producción competitiva y garanticen la seguridad rural.
Al respecto es de conocer que la FAO revisando el rol de los gobiernos en la creación de un entorno propicio a la inversión agrícola, en su informe “El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2012: invertir en la agricultura para construir un futuro mejor”, indicó debe ir más allá de las políticas y no exclusivamente a la inversión en agricultura; que se podría aplicar igualmente a las inversiones en todos los sectores, como a la calidad de vida en general.
En cuanto a nuestros productores agropecuarios el reto que enfrentan es enorme. Tras dos décadas seguidas de desestímulo y desinversión obligada por el terror agrario, los controles y la agricultura de puertos, la adecuación de las fincas a las nuevas condiciones de la producción competitiva, requiere no sólo de mejoras fundiarias, nuevas maquinarias y equipos, y la repoblación de los rebaños, si no la rápida superación del atraso tecnológico en que se encuentran.
Teniendo presente el grave daño causado al campo venezolano que hoy a los venezolanos nos hambrea, invertir para comer no solo es una prioridad sino una obligación nacional. En ese sentido una vez restituidas la libertad y democracia, las señales iniciales de estímulo a la agroinversión privada deben ser de impacto determinante, como la derogación de la Ley de Tierras, el cierre del INTI y la restitución de las fincas y tierras despojadas o compensación a los propietarios afectados. También el restablecimiento de la seguridad rural para posibilitar el trabajo y permanencia en sus fincas de los productores, su personal y familias, para que lo venezolanos tengamos que comer y no emigrar.
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