Primeramente, cabe decir que “ciudadanía” es mucho más que lo que recoge el Diccionario de Política o lo que refiere la Constitución Nacional. La acepción del diccionario, en principio precaria, explica que “se denomina ciudadanía a todo el conjunto de personas que constituyen una ciudad o un Estado–Nación (…)” (Romero, María T. y Romero A.; 2005; 42) O lo que transcribe la Carta Magna en su artículo 39: “Los venezolanos que no estén sujetos a inhabilitación política ni a interdicción civil, y en las condiciones de edad previstas en esta Constitución, ejercen la ciudadanía y, en consecuencia, son titulares de derechos y deberes políticos de acuerdo a esta Constitución” (Ob. cit.).

A decir por lo que ello envuelve y afecta, éste es un concepto de difícil definición por cuanto sus implicaciones abarcan múltiples componentes dado lo prolífico de su comprensión. No sólo su concepción involucra condiciones que tocan lo político y la política. Igualmente, compromete determinantes sociológicas, culturales, sociales. Incluso, de naturaleza cívica y relacionadas con la moralidad. Así, pudiera decirse que ciudadanía es una institución dado las distintas dimensiones que su consideración abraza. Más, cuando todo ello viene a calzar con la complejidad propia de un sistema social que relaciona personas en función de sus actitudes, disposiciones, cualidades y conductas, lo cual en conjunto determina ciertas condiciones que identifican un colectivo por cuyo talante puede configurarse la ciudadanía vista como una aptitud, individual o colectiva, hacia valores, tradiciones y normas.

Según González Cruz, “es un ritmo existencial con una armonía que está allí y se comprarte” (Aut. cit. En: Lobo Quintero; 2009; 115). Pero se comparte, en la medida que dicho ritmo adquiera la resonancia suficiente no sólo para mantenerse. También, para alcanzar los más alejados recodos posibles a fin de acuciar un comportamiento que se corresponda con derechos y deberes que exalten una real y afianzada convivencia. Desde luego, estos derechos y deberes involucran la ciudad, la participación, la inclusión, la protección, la conservación y el espacio público.

Luego de considerar distintos factores que suman razones para intentar un concepto de “ciudadanía”, pudiera decirse que es el talante del individuo y del colectivo que al asumirse con sentido de cultura, historia, ética y de observación de las leyes, y hasta con incidencia emocional, configura una sentida cualidad cívica. Es decir, una suerte de conducta capaz de responder a las exigencias de una estructura político–administrativa por cuyos derechos y deberes se procura la mayor concordancia entre la ciudad, sus espacios, su acervo y con quienes buscan beneficiarse de las razones alrededor de las cuales se patentiza el mundo y se edifica la vida. (Monagas, A.J.; 2018; s.n.p.)

Sólo que para que se comprenda la ciudadanía como aptitud del hombre político, deben darse posibilidades y establecerse garantías concretas por parte de las instancias de gobierno responsables de su motivación. O sea, que la ciudadanía, desde el significado que adquiere si además se comprende como fuente de legitimidad, por estar provisto de legítimas pretensiones, y al mismo tiempo de poder, por estar dotado del poder necesario para reclamar derechos políticos, está en plena capacidad de buscar que su praxis pueda llevarse en el plano de una democracia. Pero fundamentalmente, apuntalada en la participación del ciudadano en la gestión pública. Des esta forma, ha intentado explayarse un concepto de “Ciudadanía”.

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