Es fundamental que Venezuela permanezca en la Organización de Estados Americanos, como instancia internacional creada por los Estados del continente para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar la solidaridad y la colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia; la relevancia de esta organización se reafirma por su condición de organismo regional dentro de las Naciones Unidas (artículo 1 de la Carta de la OEA). Entre sus funciones se encuentra la garantía colectiva de la democracia y la promoción de la observancia y la defensa de los derechos humanos, especialmente a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Protección internacional
El gobierno de Hugo Chávez y luego el de Nicolás Maduro cometieron un serio error al denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 2012, el primero, y la Carta de la OEA en 2017, el segundo. Tales denuncias implicaban formalizar la decisión de desligar al Estado venezolano de los respectivos tratados, la cual surte efectos al cumplirse los plazos que estos prevén, lo cual ya ocurrió en relación con la Convención Americana y estaría por suceder en relación con la Carta de la OEA, a finales de este mes de abril. Sin embargo, la denuncia de esa Convención, que sustrae a la Corte Interamericana de Derechos Humanos su competencia para conocer de casos sobre violaciones a derechos humanos perpetradas en Venezuela, está aún sujeta a la revisión que resulte de examinar la nulidad absoluta o inexistencia de esa denuncia. Y la denuncia de la Carta de la OEA quedará seguramente en suspenso ante la solicitud formulada en tal sentido por la Asamblea Nacional y la reciente resolución del Consejo Permanente de reconocimiento de Gustavo Tarre Briceño como representante permanente designado por la Asamblea Nacional “hasta que se celebren cuevas elecciones y el nombramiento de un Gobierno democráticamente electo”.
Aquellos gobernantes desconocieron con esas decisiones la evolución del Derecho Internacional y el orden de las relaciones internacionales en el mundo de hoy, en el cual la vigencia de los derechos humanos es un asunto que incumbe tanto a las instancias nacionales como a las internacionales. Es más, es del sistema internacional que provienen las obligaciones principales de respeto y garantía de estos derechos, que los Estados deben honrar. La significación que ha alcanzado la protección internacional de estos derechos es de tal alcance que en la actualidad podemos hablar de una Constitución compuesta por fuentes nacionales e internacionales, de manera que pretender dar la espalda a esa Constitución internacionalizada es estar al margen de los avances de la civilización jurídica sin que ésta, por lo demás, esté dispuesta a admitir concepciones arcaicas de la soberanía nacional y menos aún a reconocer la validez de su invocación para seguir cometiendo sin controles violaciones generalizadas a los derechos inherentes al ser humano.
Paradojas o desenlaces naturales
Las paradojas de la historia, o más bien la lógica de ese orden internacional de los derechos humanos, han llevado a que la representación de Nicolás Maduro ante la OEA haya aducido recientemente un derecho a continuar en el Consejo Permanente y demás espacios de la organización, pese a que hace dos años formalizaron su determinación de separarse definitivamente de la misma. En otras palabras, en lugar de preocuparse por lo primordial, evitar que el Estado venezolano quedara fuera de la OEA y los venezolanos privados de la posibilidad de acudir a ciertas instancias internacionales de garantía de sus derechos, como consecuencia de la denuncia presentada en 2017, se limitan a cuestionar que pueda aceptarse un representante permanente distinto.
Es esencial que, junto a la subsistencia de las competencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de vulneraciones a estos derechos imputables al Estado venezolano, se recupere la plenitud de las facultades de la CIDH, a partir de septiembre de 2013, cuando se habría hecho efectiva la pretendida denuncia.
En varios procesos de transición democrática desarrollados en América Latina el sistema interamericano de protección de derechos humanos ha cumplido un papel trascendental con miras a dejar atrás las expresiones más grotescas del autoritarismo negador de los derechos del ser humano, como lo ilustran, entre otras, las experiencias de Chile y de Perú. Frente a leyes u otras medidas dirigidas a asegurar la impunidad de los más graves crímenes contra los derechos humanos aprobadas por los respectivos regímenes autoritarios o ante la pervivencia de regulaciones o prácticas contrarias a la Convención, el sistema interamericano de protección supo impulsar cambios profundos en los correspondientes ordenamientos jurídicos, que favorecieron la consolidación democrática. Esto puede resultar crucial también para el restablecimiento de la institucionalidad democrática en Venezuela. Esperemos que se den los pasos que hagan posible su retorno al sistema interamericano.
jesusmariacasal@gmail.com
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