REINALDO ROJAS
La palabra transición ha venido tomando cuerpo en el acontecer político nacional. En un ambiente enrarecido por la incertidumbre, en todos los espacios de conversación se habla de “gobierno de transición”. Y en esta modalidad, nuestro país ha vivido experiencias significativas cada vez que un orden político entra en crisis y aparece la necesidad del cambio.
Uno de esos momentos “de transición” es el que vivió el país en 1936, tras la muerte del general en jefe, dueño del erario público y presidente Juan Vicente Gómez. ¿Por qué transición? Porque había que construir un puente para salir de aquella tiranía y avanzar a una democracia como proyecto emancipador. En el caso del gomecismo, estábamos frente a un régimen político levantado sobre el poder hegemónico de un hombre y su entorno, con un Congreso y un Ejército al servicio del tirano. Sin embargo, serán esas dos instituciones las protagonistas de la transición.
Se habla de transición cuando no hay rutas claras y previamente establecidas para el cambio político. En una democracia, el voto libre, universal y secreto es la vía del cambio. Pero en aquella Venezuela, el Presidente era elegido por el Congreso y éste por el dictador. El juego estaba trancado. Cuando muere Gómez, en diciembre de 1935, el escritor Enrique Bernardo Núñez plantea en el diario El Universal la tesis de la disolución del congreso gomecista y su reemplazo por otro que respondiera a la voluntad popular. Era lo que esperaba la sociedad, pero no fue así.
Apenas muere Gómez, se instala un congreso controlado por los gomecistas, que en enero de 1936 designan como Presidente encargado al general Eleazar López Contreras, Ministro de Guerra y Marina. Todo quedaba igual. Pero el país era otro y lejos habían quedado las muestras de afecto popular por Gómez el Único. En ese escenario, las fuerzas de oposición enfilaron su estrategia para exigir elecciones para un nuevo congreso en medio de manifestaciones, disturbios y saqueos. El 5 de enero de 1936 el gobierno suspende las garantías constitucionales frente a lo cual la Federación de Estudiantes, dirigida por Jóvito Villalba y acompañada por organizaciones sociales y personalidades de todo el país, exige su restitución, la exclusión de los gomecistas de los cargos públicos y castigo para los culpables de la represión. Se pide la disolución del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Este auge de masas llega a su clímax con la manifestación popular del 14 de febrero, encabezada por el Rector de la Universidad Central de Venezuela, Dr. Francisco Antonio Rísquez, la cual es recibida en el Palacio de Miraflores por el Presidente López Contreras. ¿Qué pasó allí?
Empezó la transición. Del lado del Presidente hay el compromiso de restituir las garantías y sancionar a los culpables del derramamiento de sangre. Se procede a destituir a los gobernadores de Caracas, Lara, Bolívar y Táchira y el 21 de febrero, en alocución radial, el Presidente da lectura a su programa de gobierno, conocido como el “Programa de Febrero”, el cual contenía gran parte de las demandas de cambios económicos y sociales que aspiraba el país.
Pero la oposición, cuyo objetivo mayor es conquistar la democracia, está dividida frente al Congreso gomecista. Domina la tesis de ORVE de aceptar la continuidad, esperando un mejor momento para su auto-disolución y posterior convocatoria a elecciones generales. En esa decisión, estuvo para muchos el error estratégico. No pudiendo cambiar de presidente tampoco lograron la disolución del congreso. Con ello, el proceso de transición quedaba en manos de López Contreras y mientras la oposición entraba a su gobierno, con figuras como Rómulo Gallegos, el gomecismo se replegaba en el Congreso. Esta alianza coyuntural entre López y la oposición se afianza cuando el Partido Republicano Progresista (PRP) y la Unión Nacional Republicana se adhieren a la tesis de la continuidad nominando a López Contreras como candidato a la Presidencia Provisional.
En estas condiciones, el Congreso gomecista se transforma en un contrapeso al cambio y, luego de prorrogar el periodo presidencial hasta 1938, desactivando el proceso electoral, aprueba dos instrumentos represivos como la Ley de Defensa Social y la Ley Reglamentaria de las Garantías Constitucionales o Ley Lara. En medio de aquella pugna por el poder, López Contreras asume su carácter de Presidente constitucional hasta 1941 y en un ambiente caldeado por la ruptura entre gobierno y oposición el país se sume en el conflicto social y la derechización de su gobierno. La transición política es un juego que depende del liderazgo de los actores, de las fuerzas que representan y del objetivo final que persiguen en una visión estratégica de proceso.